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Sheinbaum prepara reforma anticorrupción para evitar que delitos prescriban y queden impunes
Nación
El Gobierno de México presentará en las próximas semanas una reforma en materia anticorrupción que busca impedir que irregularidades administrativas y actos de corrupción queden sin castigo por el vencimiento de plazos legales. La iniciativa contempla reducir tiempos procesales, establecer límites a las investigaciones y eliminar vacíos normativos que permiten retrasar o congelar expedientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta será enviada en breve y reconoció que actualmente existen procedimientos que pueden extenderse durante más de una década antes de alcanzar una resolución definitiva, lo que en algunos casos favorece la prescripción de las conductas investigadas.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma es armonizar los plazos de cada etapa del procedimiento para evitar que los expedientes permanezcan abiertos indefinidamente hasta que ya no sea posible imponer sanciones.
La funcionaria señaló que, bajo el esquema vigente, algunas investigaciones carecen de límites temporales claros, situación que facilita que los casos se mantengan detenidos durante años. Como consecuencia, cuando el asunto vuelve a revisarse, la falta o presunto acto de corrupción puede haber prescrito.
Entre los cambios planteados destaca la posibilidad de reclasificar las conductas detectadas durante una investigación sin necesidad de reiniciar todo el procedimiento. De esta manera, si una autoridad determina que una presunta irregularidad corresponde a una infracción distinta a la inicialmente identificada, el expediente continuará su curso sin regresar a la etapa inicial.
La propuesta también busca resolver conflictos de competencia entre autoridades federales y estatales, especialmente en asuntos relacionados con recursos públicos administrados por gobiernos locales. Según explicó Buenrostro, en algunos casos los expedientes son transferidos entre distintas instancias sin que ninguna asuma plenamente la responsabilidad de resolverlos.
Asimismo, la reforma pretende aclarar las atribuciones de las autoridades en casos que involucren fideicomisos sujetos al derecho privado o recursos de origen mixto, con el fin de evitar zonas grises jurídicas que dificulten la investigación y sanción de posibles irregularidades.
Otro de los ejes del proyecto será fortalecer los mecanismos para recuperar recursos públicos cuando se acredite daño al erario. La administración federal busca que, además de las sanciones administrativas correspondientes, exista la posibilidad de resarcir económicamente las pérdidas ocasionadas al patrimonio público.
Sheinbaum indicó que el diseño de la iniciativa se realiza en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación. La mandataria precisó que el paquete estará enfocado en responsabilidades administrativas y no contempla modificaciones vinculadas con la Fiscalía General de la República.
De concretarse, la reforma pretende acelerar la resolución de casos, reducir los espacios de impunidad y fortalecer la capacidad institucional para sancionar actos de corrupción antes de que los plazos legales impidan cualquier acción.
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JM/CR
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