La presidenta Claudia Sheinbaum ha remitido al Senado de la República una propuesta de reforma constitucional que busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La iniciativa tiene como objetivo que la dependencia, encabezada por Omar García Harfuch, pueda desempeñar funciones en el ámbito de la inteligencia y colaborar activamente en investigaciones de delitos, apoyando a la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la dirección del Ministerio Público.
La modificación al Artículo 21 de la Constitución, planteada por Sheinbaum, resalta que las nuevas capacidades otorgadas a la SSPC permitirán una mayor colaboración y coordinación en materia de seguridad. La presidenta argumentó que la reforma es necesaria para fortalecer la estrategia de seguridad del país, proteger a la población y mejorar el combate a la delincuencia, contribuyendo así a la reducción de los índices criminales.
La exposición de motivos del documento señala que las facultades adicionales mejorarán la actuación de las instituciones de seguridad pública integradas en el Sistema Nacional de Seguridad, las cuales serán dirigidas y coordinadas por la SSPC. La dependencia también tendrá la responsabilidad de desarrollar políticas públicas relacionadas con información estratégica e inteligencia para la seguridad nacional.
Entre las tareas previstas, los agentes de la SSPC estarán habilitados para realizar investigaciones y generar datos estratégicos, garantizando una coordinación más efectiva con la FGR y otros cuerpos de seguridad operando en México. Además, la Secretaría tendrá un papel fundamental en la dirección y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en el apoyo directo a la Presidencia en temas de seguridad.
La propuesta también contempla la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, liderando esfuerzos conjuntos entre los distintos niveles de gobierno. Las corporaciones de seguridad deberán compartir información relevante, y la SSPC podrá solicitar datos a instituciones estatales para la investigación y esclarecimiento de posibles delitos.
Otro punto clave es el fortalecimiento del control y vigilancia sobre los fondos federales asignados a la seguridad pública, garantizando su uso eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía. La reforma también plantea la creación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con atribuciones para establecer estándares de actuación y promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.
En respuesta a la iniciativa, la senadora priista Claudia Anaya expresó su crítica, señalando que el gobierno parece haberse dado cuenta de las limitaciones previas de la SSPC, por lo que ahora buscan corregirlas con otra reforma al Artículo 21. “Aprovechando la oportunidad, habría que retirar las funciones de investigación a los militares”, agregó la legisladora, marcando un punto de debate sobre la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública.