@arturocarrascoc
Durante los últimos meses, la soberanía se ha vuelto un tema central en el discurso presidencial. En conferencias y actos públicos, la presidenta Sheinbaum ha dejado en claro su defensa frente a presiones externas. Sin embargo, aunque en varios casos se habla de su defensa, su aplicación parecer variar según las circunstancias e involucrados. Tres episodios, aunque no jurídicamente equivalentes, muestran lo anterior.
El primer episodio ocurrió en Chihuahua. En un operativo contra laboratorios clandestinos, dos agentes estadounidenses vinculados con la CIA y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente carretero. El problema surgió cuando se conoció que los extranjeros participaban sin conocimiento ni autorización del gobierno federal.
La presidenta calificó lo ocurrido como una vulneración de la soberanía nacional, mientras legisladores de Morena promovieron un juicio político contra la gobernadora Maru Campos por presunta traición a la patria. En este caso, la defensa de la soberanía tenía una dimensión concreta. El problema no era el intercambio de información con Estados Unidos, sino la participación de agentes extranjeros en acciones operativas al margen de los mecanismos institucionales.
El segundo episodio lo protagonizó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Una fiscalía federal estadounidense lo acusó, junto con otros funcionarios, de colaborar presuntamente con el narcotráfico y promovió su detención con fines de extradición. Ante estos hechos la presidenta dijo que México no podía aceptar automáticamente la petición estadounidense sin conocer las pruebas.
La postura es razonable. Una acusación formulada en otro país no elimina la presunción de inocencia ni obliga a México a renunciar a sus propios procedimientos. El problema aparece cuando esa defensa legítima comienza a funcionar como una barrera frente a una acción judicial internacional bajo el argumento de que aceptar sin revisar sería subordinación.
El tercer episodio ocurrió en Baja California. En varios audios se escucha a la gobernadora Marina del Pilar conversar con presuntos intermediarios de autoridades estadounidenses, aunque nunca acreditaron formalmente esa representación. Las conversaciones estaban relacionadas con la revocación de su visa y, en ellas, la mandataria expresó disposición a colaborar y compartir lo que había escuchado en las mesas de seguridad.
Las grabaciones no demuestran que se haya entregado información ni que ésta fuera confidencial. Sin embargo, tampoco podemos decir que es una conversación privada, pues en su carácter de gobernadora habla de información a su alcance para resolver un asunto personal ante supuestos representantes extranjeros.
La primera respuesta del gobierno federal fue minimizar el episodio. La presidenta y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señalaron que no había pruebas de que se compartió información sensible o que comprometiera la seguridad nacional. Después de conocerse nuevas grabaciones, la presidenta afirmó que Marina del Pilar debía ofrecer una explicación, aunque sin anunciar una investigación.
Si bien los episodios son distintos, lo que justifica las respuestas diferentes, el discurso brindado para explicar la acción, invariablemente, sigue una lógica política. Frente a una gobernadora opositora, la soberanía justificó hablar de traición a la patria y juicio político. Ante un gobernador aliado, se convirtió en una defensa contra la presión judicial extranjera. Y frente a otra gobernadora de Morena, involucrada en conversaciones comprometedoras, el asunto se ha reducido a una gestión privada sin consecuencias legales.
La soberanía es un principio jurídico fundamental, no una consigna que pueda ampliarse o reducirse dependiendo de los involucrados. De lo contrario, su defensa más que por la ley, parece guiada por el principio de “hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre”, haciendo con ello que más que un principio fundamental, la soberanía se vuelva una herramienta política que funciona a conveniencia.