La falta de jueces adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, provocó la suspensión indefinida del juicio contra siete elementos del Ejército acusados de ejecutar a cinco civiles en Nuevo Laredo el 18 de mayo de 2023. La audiencia de apertura del proceso penal, programada para el 29 de septiembre de 2025, fue cancelada, y no se ha establecido una nueva fecha para su realización.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó sobre la suspensión a través de un comunicado, lo que generó indignación entre los familiares de las víctimas y sus asesores jurídicos, Roberto Puente y Edgar Netro. Ambos denunciaron que la postergación representa un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia.
“Llevamos más de dos años esperando una respuesta judicial. Ahora nos dicen que no hay jueces y que posiblemente el juicio se retrase hasta 2026”, expresó Roberto Puente, asesor legal del Comité.
Edgar Netro señaló que este aplazamiento afecta directamente a las víctimas identificadas como Alex Blucha, Jorge Colector, José Moreno, Edgar Chavarría y José Rivera, así como a sus familias. “Se les está negando su derecho a la justicia”, declaró.
Beatriz Cueva, familiar de una de las víctimas, acusó al Estado mexicano de encubrir a los responsables dentro de las fuerzas armadas. “Ya pasaron dos años sin justicia, y ahora ni siquiera hay un juez que tome el caso. Esto es impunidad”, denunció.
Cabe recordar que en junio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que los hechos constituyeron una ejecución extrajudicial. Durante su conferencia matutina del 7 de junio, López Obrador comentó sobre el video que circuló mostrando a militares disparando contra civiles desarmados: “Aparentemente esto fue una ejecución y eso no se puede permitir”, afirmó en ese momento.
A pesar de estas declaraciones oficiales y el compromiso del gobierno de combatir la impunidad, el proceso judicial contra los militares no ha avanzado. Ahora, las familias deberán esperar hasta después del 1 de septiembre de 2025, cuando los nuevos integrantes del Poder Judicial asuman sus cargos y estudien la causa penal 203/2023.
Para las familias de las víctimas, la espera se ha vuelto insostenible. A dos años de los hechos, el juicio continúa estancado, y la justicia sigue sin llegar.