Empleados del Poder Judicial de la Federación marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República para expresar su rechazo a la reforma judicial y la negativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de acatar una suspensión que ordena su eliminación del Diario Oficial de la Federación (DOF). Los manifestantes denunciaron que esta actitud constituye una violación a la ley y podría derivar en sanciones para la mandataria.
Rafael Jiménez Carlos, representante de los trabajadores del Poder Judicial, destacó que el incumplimiento de las suspensiones emitidas en los juicios de amparo representa una grave crisis constitucional. "No se puede permitir que los poderes de la Unión estén enfrentados. Esto podría provocar un colapso en el equilibrio de los tres poderes del país", afirmó.
Los trabajadores judiciales recalcaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún tiene la facultad de resolver esta controversia constitucional y confiaron en que los ministros anularán la reforma antes del 30 de noviembre.
Carlos Ávila, secretario de juzgado, subrayó la gravedad de que una autoridad que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución esté ahora en desacato. "Este es un claro aviso de las intenciones del gobierno y del futuro que quieren para el país", advirtió Ávila, quien también convocó a las fuerzas sociales y de oposición a manifestarse en defensa de la legalidad.
Los manifestantes afirmaron que la reforma judicial busca consolidar el control absoluto del poder, y que la Corte debe actuar con rapidez para restablecer el equilibrio constitucional que garantice la independencia de los poderes en México.