Aunque el pasado viernes se anunció que el paro en los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México había concluido y que las actividades se reanudarían este lunes 7 de julio, las instalaciones continúan cerradas, lo que ha generado tensiones entre litigantes y trabajadores.
A las afueras de los edificios ubicados sobre la avenida Niños Héroes, se registraron confrontaciones verbales entre usuarios y empleados, quienes mantienen bloqueado el acceso. “Ya no sé qué más quieren, les dieron los aumentos sin que se los merezcan, no hacen nada, y no tienen palabra. Todos tenemos asuntos que resolver desde hace 2 semanas y siguen en lo mismo, no puedo ver a mi hijo por culpa de ellos”, expresó Marisela, una madre afectada por la paralización de actividades judiciales.
Durante los intercambios, algunos litigantes reclamaron con molestia a los trabajadores: “Ya les dieron lo que querían, déjenos entrar y hacer nuestro trabajo”, exclamaron ante la negativa de permitir el ingreso.
Según reportes, alrededor de 100 trabajadores permanecen en paro, argumentando que el acuerdo alcanzado no los beneficia y exigen ser incluidos en las negociaciones por parte de las autoridades capitalinas.
Cabe recordar que la noche del viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) y la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia capitalino anunciaron la firma de un acuerdo para reanudar labores.
“El acuerdo firmado estipula la entrega de un bono extraordinario pagadero en el mes de diciembre de 2025, independiente del que se otorga anualmente en el mismo mes; asimismo, la asignación de recursos, por única ocasión, los cuales serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 al J20, que serán depositados en el mes de diciembre del ejercicio 2025”, informó el Poder Judicial.
El documento, suscrito por el oficial mayor del PJCDMX, Sergio Fontes Granados, en representación del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, también contempla la basificación del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, mediante convocatorias periódicas que consideren la antigüedad laboral, más allá del requisito mínimo de seis meses y un día.