El gobierno de Estados Unidos informó este jueves que, en el marco de una amplia ofensiva coordinada por la denominada Homeland Security Task Force, más de 3,200 presuntos integrantes de pandillas y cárteles fueron arrestados en el último mes, además del decomiso de grandes cargamentos de estupefacientes y armamento.
Según la Fiscalía General y funcionarios vinculados a la operación, las incautaciones incluyen alrededor de 91 toneladas de drogas —entre ellas 58 mil kilos de cocaína en polvo y 23 mil kilos de fentanilo en polvo—, más de 2 millones de pastillas de fentanilo y más de mil armas ilegales.
En una conferencia de prensa junto al presidente, la fiscal Pam Bondi describió los resultados como parte de “operaciones intensivas” realizadas por la task force en las últimas semanas, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuyó a las acciones una reducción significativa en el ingreso de fentanilo desde la frontera.
El presidente Donald Trump calificó a los cárteles como una “amenaza a la seguridad nacional” y presentó la labor de la fuerza conjunta como un hito, asegurando que no cesarán hasta “eliminar por completo” la amenaza. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que los grupos delincuenciales serán tratados con la misma rigurosidad que se aplica a organizaciones como ISIS y Al-Qaeda.
Hegseth añadió que, si es necesario, las operaciones irán más allá del territorio continental: “Los buscaremos y los mataremos, ya sea en el Caribe o en el Pacífico”, afirmó durante la rueda de prensa.
Funcionarios detallaron además que sólo en septiembre se ejecutaron cerca de 400 operativos vinculados a la task force; las autoridades sostienen que esas acciones permitieron retirar “miles” de presuntos delincuentes de las calles y afectar las rutas de tráfico de fentanilo.
La presentación pública reunió a altos mandos y responsables de inteligencia y seguridad, quienes defendieron la coordinación interinstitucional como clave para los resultados anunciados. No obstante, expertos y organizaciones de derechos civiles han planteado interrogantes sobre transparencia, criterios de detención y seguimiento judicial que todavía deben ser atendidos.