Ayotzinapa, la verdad secuestrada, la justicia enterrada

Columnas miércoles 15 de julio de 2026 -

A 12 años de la trágica noche de Iguala, en la cual fueron desaparecidos, y presuntamente, asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia por la justicia y la disputa por la verdad desafían a la lógica, cada quien la acomoda a sus intereses o realidad. Hemos transitado de la “verdad histórica” a un “crimen de Estado” y aun no hay responsables.

En lo que concierne a los trágicos sucesos registrados la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tenemos, para empezar, 43 verdades diferentes, contadas por los familiares de los alumnos desaparecidos; historias convergentes por su origen y fatal destino que los tiene en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.

Sin embargo, todo parece indicar que, lamentablemente, vivos no regresarán, pues como lo hemos documentado en este espacio desde el 30 de septiembre de 2014, bajo el título “Guerrero arde”, el crimen organizado subordinado al narcotráfico se encargó de “levantarlos” y desaparecerlos.

Si algo distinguió al caso Ayotzinapa fue que logró romper una de las tradiciones más arraigadas del poder mexicano: la capacidad del Estado para imponer una verdad oficial. La llamada "verdad histórica" del sexenio de Enrique Peña Nieto y “Crimen de Estado” de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) presenta otra verdad que pretende reescribir nuevamente la historia.

La recomendación 208VG/2026 representa mucho más que un documento técnico. Constituye un intento político de desacreditar investigaciones que durante años fueron consideradas referentes de independencia y rigor, entre ellas las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que encabezó Alejandro Encinas.

El problema no consiste en que exima de responsabilidad a los militares. El verdadero conflicto es que lo hace cuestionando investigaciones que durante años fueron respaldadas por evidencia pericial, análisis de inteligencia, testimonios, documentos oficiales y mecanismos internacionales especializados.

No sólo cuestiona investigaciones ampliamente documentadas; también desacredita a las familias de los desaparecidos, a sus representantes legales y a organizaciones de derechos humanos que durante más de una década han exigido verdad y justicia.

Más grave aún, valida prácticamente en su totalidad la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a los más de 800 folios cuya entrega ha sido reclamada insistentemente por los padres de los normalistas y por organismos internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no participó en la elaboración del informe y que la CNDH actuó con autonomía. Sin embargo, la autonomía jurídica no basta cuando la percepción pública apunta en sentido contrario.

Así las cosas, en el caso Ayotzinapa, cada quien se queda con su certeza: La verdad histórica, la verdad impuesta, la verdad que cada uno conoce y ahora la verdad donde el Estado decide absolverse.

@guillegomora