Por Israel González
Las decisiones más razonables del gobierno en materia macroeconómica (que las ha habido) han sido oscurecidas por un discurso rancio, como de desertor de la facultad de economía, que manejan los fanáticos. Suele equipararse Estado de Bienestar con estatismo, redistribución con socialismo venezolano y despropósitos semejantes. Este ambiente puede crear algunos puntos ciegos para analizar el tema de las empresas calificadoras. De entrada, que 3 empresas ostenten el monopolio de la credibilidad soberana de todos los países del mundo es un hecho contrario a la lógica de cualquier concepto de Estado-Nación. Simplemente estamos tan acostumbrados a ello que les tenemos un temor reverencial como si fueran, ellas mismas, Estados omnipotentes. Pero además, los criterios de calificación de esas empresas no son ni totalmente objetivos ni muy precisos. Respecto de las perspectivas financieras que realizaron cuando inició la pandemia, erraron prácticamente en todo, y cuando acertaron en alguna baja momentánea de los mercados, fue porque sus propias declaraciones provocaron la debacle.
Esa falta de resultados no es nueva, y si revisamos las grandes crisis modernas, al menos desde la gran crisis asiática hasta la gran recesión de 2008, está a la vista el papel desastroso de las agencias antes, durante y después de los momentos críticos. Basta decir que los activos tóxicos que dieron origen a la crisis subprime de ese año, ostentaban la mejor calificación por parte de las 3 grandes calificadoras, hasta que ya era demasiado tarde para que los inversionistas supieran en lo que realmente tenían metido su dinero.
En el caso de Pemex, es sugerente ir a los razonamientos de Ficht para bajarla de calificación. Con diferencia de menos de 2 años, dijo que era preocupante la enorme cercanía del gobierno con la petrolera, por lo que su perspectiva no era muy alentadora; y también dijo que preocupaba la creciente separación entre el gobierno y Pemex, porque disminuía la certidumbre de cumplimiento de obligaciones de la empresa.
No es broma, la calificadora ha utilizado argumentos contrarios para justificar conclusiones a modo. Es incomprensible la falta de coherencia que muestran y que los propios clientes (porque eso son,le pagan) no les exijan un poco más de consistencia en sus recomendaciones.
A mayor abundamiento, y en tanto que las calificaciones de las 3 grandes tienen resultados concretos en la permanencia de capitales en un país (eso no cambiará pronto), no hace falta tener contratos con todas, porque una o dos bastan para que los principales fondos e inversionistas tengan información constante y, para ellos, confiable. Los medios están tratando el tema como si México hubiera cancelado el contrato con todas; no es el caso. Se mantiene Moody´s y S&P.
Vale la pena leer un artículo de Misheck Mutize, donde se muestra fehacientemente que el modelo de negocio de las calificadoras tiene inherentemente un conflicto de interés, porque los calificados pagan por la calificación. La falla en eso es de sentido común, o debería serlo. Eso no obsta para que continuamente se les acuse (y se demuestre) que tienen deficiencias metodológicas, agresividad selectiva contra algunos países y empresas, y motivaciones políticas. Pero ahí estamos, pagándoles.