La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala representan un elemento fundamental en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la investigación ministerial, la supresión de esas grabaciones no obedeció a fallas técnicas, sino a una orden directa del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, como parte de un encubrimiento institucional.
Un reporte de 2017 de Arquitectura Forense, con sede en la Universidad de Londres, ya había señalado que dichas cámaras debieron registrar el ataque contra el autobús Estrella de Oro 1531, considerado una de las secuencias más relevantes para comprender lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La reconstrucción de la FGR indica que, entre las 21:40 y las 22:30 horas, el vehículo fue rodeado por patrullas municipales frente al Palacio de Justicia. Posteriormente se sumaron corporaciones estatales y federales, conformando un cerco de al menos 12 unidades. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender, golpearon a varios de ellos y los trasladaron en patrullas hacia el sur, en dirección a Chilpancingo.
Testimonios protegidos señalan la participación de policías de Huitzuco, mientras que un agente de inteligencia militar habría tomado fotografías del operativo. Alrededor de las 23:10 horas, sobrevivientes observaron que el autobús permanecía vacío y bajo resguardo policial, escena que habría quedado registrada por las cámaras exteriores identificadas como 12 y 15.
La FGR sostiene que los videos fueron retirados y entregados para ocultar información sobre el destino de los estudiantes y la actuación de las corporaciones. Estas acusaciones forman parte del proceso judicial en curso y refuerzan la hipótesis de un encubrimiento institucional en el caso Ayotzinapa.