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El fin de la prisión preventiva oficiosa
Columnas
Josué Ángel González Torres
El próximo 5 de septiembre el pleno de la SCJN tomará una resolución sobre la constitucionalidad y la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, esto es simplemente, si la figura jurídica se apega al texto constitucional y a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que México ha signado y que son obligatorias.
Existen diversas posiciones al respecto, la mayor parte apoyando su desaparición. Es difícil que alguien pueda estar en contra del argumento sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Más aún, cuando la prisión preventiva oficiosa no es la excepción, sino que se ha convertido en la regla. Es innegable que existe un abuso de su figura.
Sin embargo, ¿Por qué existe? ¿Cuáles son las razones que le dieron nacimiento? Evidentemente existen razones históricas, jurídicas y fácticas. Sin ahondar más, en lo fundamental se trata de lo siguiente. Cualquier persona víctima de un delito relacionado con homicidio, violación, secuestro, abuso sexual de menores, desaparición forzada, uso de armas de fuego y otros delitos graves, seguramente deseará que el presunto responsable sea detenido y no se le permita evadirse de la justicia. Cualquier víctima de estos delitos seguramente lo entenderá.
Esto en un contexto donde la FGR y las fiscalías locales distan mucho de funcionar de manera adecuada, donde los ministerios públicos están poco capacitados, donde las carpetas de investigación desbordan los escritorios y las oficinas, y donde nueve de cada diez delitos quedan impunes. A ello, se le tendrá que sumar la posibilidad que los presuntos delincuentes no comparezcan frente a un juez.
Por tanto, se tienen dos escenarios contrapuestos. En uno reina el discurso de los derechos humanos y el deber ser, mientras que el otro se relaciona con la realidad aplastante de la disfuncionalidad del sistema de justicia penal. Desde luego, el abuso de la prisión preventiva oficiosa es la materialización del fracaso del sistema de justicia, pero es al mismo tiempo es una de las herramientas necesarias para el funcionamiento de la maquinaria penal. Eso también es una realidad.
En este debate deben de plantearse diversos temas de fondo sobre su desaparición. El primero es ¿Cuál será el impacto en materia de seguridad y de violencia? Aunque no existen estadísticas claras ni contundentes al respecto, se ha argumentado la posibilidad de dejar en libertad a delincuentes de alto impacto, lo que no parece descabellado. También debe traerse a colación los gobiernos que se han quejado amargamente de la “puerta giratoria” y de la facilidad con la que los jueces locales y federales dejan en libertad a presuntos delincuentes.
El segundo es ¿Cuál ha sido el papel del Poder Judicial de la Federación en la estrategia de seguridad en los últimos quince años? Es preciso recordar que en experiencias internacionales como la italiana, los jueces (el pool antimafia) jugaron un papel destacado en el combate a la delincuencia, mientras que en México han brillado por su ausencia. Viven en una esfera de aislamiento y autocomplacencia frente a la realidad de los homicidios y la violencia.
El tercero es ¿Cuáles son las alternativas para mejorar la situación? Es relativamente fácil evocar el discurso de los derechos humanos y posiciones deontológicas, cuando no se es responsable de la seguridad de las personas y de los índices de violencia. Sin embargo, una tarea pendiente del congreso y del poder judicial de la federación está relacionada con el desarrollo de herramientas jurídicas alternativas para combatir a la delincuencia.
Probablemente sea necesario encontrar matices en la prisión preventiva relacionadas con la reducción de la lista de delitos que se contemplan de manera oficiosa, o incluso aumentar los estándares para su imposición. Su desaparición tajante puede ser contraproducente en el mediano y largo plazo.
Si bien la prisión preventiva oficiosa es una figura deleznable, es al mismo tiempo necesaria y funcional en un contexto adverso. En este debate se deben escuchar argumentos y que debe estar abierto a la sociedad, academia y poderes públicos.
* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00
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