El 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Es pertinente reflexionar sobre las causas que dan lugar al entorpecimiento del desarrollo de la niñez y el papel que juega el Estado como garante del cumplimiento y protección de los derechos de la infancia.
El informe “Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”, recientemente presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNICEF, señala que el número de niños en situación de trabajo infantil se eleva actualmente a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8.4 millones en los últimos cuatro años y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la pandemia COVID-19 y las cifras podrían aumentar hasta los 46 millones, si las personas menores de edad carecen de acceso a una cobertura de protección social básica.
Como era previsto por activistas y ONGs, la pandemia por la COVID-19 traería incrementos importantes en las cifras de trabajo infantil, ya que millones de familias han visto reducido sus ingresos económicos, teniendo que sumar a niñas, niños y adolescentes, en algunos casos meramente por supervivencia, a actividades productivas, algunas de ellas consideradas actividades de riesgo como la agricultura, minería, pesca, venta de productos en la calle, entre otras.
¿Qué piensan las niñas, niños y adolescentes al respecto? Recordemos que escucharles e involucrarles a través de la participación protagónica es su derecho. Recientemente, la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, a través de su canal de periodismo de Infancias “Ollin Tv”, realizó un webinar en donde participaron expertas y expertos internacionales, incluidas las infancias, para abordar el tema; ahí niñas y niños pidieron no satanizar el trabajo infantil, aquel que se da de manera voluntaria, en el marco de la protección familiar, sin dejar de mirar y atender las peores formas de explotación de la niñez.
Nada menor a las cifras del aumento de trabajo infantil, son los datos de la deserción escolar, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos 628 mil jóvenes entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia.
Hagamos consciencia en los desafíos, pero también, en la ausencia de mecanismos de defensa y protección que enfrentan las niñas, niños y adolescentes. El trabajo infantil no es un juego, es resultado del abandono a las familias más pobres, de la falta de implementación y cumplimiento de políticas públicas del Estado, que protejan a los sectores más vulnerables en el contexto actual.