El voto No Imparte Justicia

Estamos en tiempos de reflexión frente a una posible crisis de legitimidad. Lo expresado por la Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján durante el quinto foro de diálogos nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial, acerca de los motivos que las originan, va más allá de lo establecido en el discurso diario de quienes detentan el poder —tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo, al tener mayoría—. Es momento de detenernos y reflexionar. En el fondo, no solo se trata de la corrupción o la mala impartición de justicia, sino que todo responde a un interés superior, como subrayó la diputada en su participación. Ella destacó que esto busca establecer una nueva relación entre los tres poderes que conforman la nación.

Lo expresado por la Dip. Cisneros Luján es lo único que realmente se ha manifestado con sinceridad, ya que establece claramente el objetivo final: un cambio de régimen. Por lo tanto, es importante cuestionar y analizar profundamente las palabras expresadas en el foro, aunque las razones parezcan lógicas y loables y, en el fondo, su espíritu sea crear una nueva relación entre los tres poderes para transformar México conforme a la visión ideológica de un grupo específico.

La realidad es que no se debe olvidar que la Suprema Corte se encarga de vigilar que las leyes emanadas del poder legislativo y los actos de autoridad ejercidos por el poder ejecutivo se apeguen a lo establecido en la Constitución, permitiendo así un equilibrio entre los poderes de la federación. Por lo tanto, las palabras expresadas acerca de transformar y crear una nueva relación, donde esta se base en la elección directa a través del voto ciudadano y no por una carrera judicial, perfilarían y condenarían a los miembros del poder judicial a transformarse en un poder condicionado al ejecutivo, a los partidos o a algún grupo con intereses específicos, comprometiendo su actuar con intereses ajenos a su propósito original, quitándoles la independencia de pensamiento que permite un estudio crítico de cada caso y, por ende, la impartición de justicia, sujetándolos a ideologías partidistas o, peor aún, a la decisión o capricho de un tercero.

Muchas voces se escuchan y demandan la reforma del poder judicial, pero no en el sentido establecido por los impulsores de la iniciativa y del poder, sino en lo que respecta a la justicia cotidiana derivada de los delitos comunes que la ciudadanía sufre a diario. Esta justicia no solo está integrada por magistrados y jueces, sino también por cuerpos policíacos, la Guardia Nacional y las fiscalías, quienes están encargados de integrar los expedientes judiciales que permitan el debido proceso. Si es cierto lo expresado en los distintos foros, se debe reformar el sistema integral de justicia, comenzando por mejorar las condiciones de los cuerpos policíacos, incluida la Guardia Nacional, creando carreras profesionales en la policía de investigación, y seleccionando los mejores perfiles para las fiscalías, para que en su conjunto incidan directamente en la impartición de justicia, ya que esta se trabaja de forma transversal entre fiscalías y tribunales.

Finalmente, es importante destacar que el hecho de que los jueces sean elegidos por voto popular no garantiza la impartición de justicia para los ciudadanos.

Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC