Nada cambia de momento en Perú, la convulsión social continúa, las carreteras se mantienen cerradas y ciudades que no figuraban en el mapa de los disturbios, de las protestas y de los bloqueos comienzan a aparecer, como la norteña Chota, en el departamento de Cajamarca, del cual es oriundo el ex presidente Pedro Castillo, donde los ronderos impiden el ingreso y salida de vehículos.
En un reconocimiento tácito de la complejidad de la situación, la presidenta Dina Boluarte dijo la tarde del martes estar considerado imponer el estado de excepción en todo el país.
Cerca de las 20:30 horas, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, comunicó que la red nacional de carreteras quedará bajo régimen de excepción para proceder a su despeje, lo mismo que los departamentos de Ica y de Arequipa -sumándose a Andahuaylas-; y que las fuerzas armadas asumirán el control y resguardo de todo aquellos considerado infraestructura estratégica, como los aeropuertos, centrales hidroeléctricas e instalaciones vitales.
"Las fuerzas armadas, en apoyo a la policía nacional, podrán tomar el control del orden interno", dijo, agregando que "no son más de 8 mil los que están causando los disturbios".
Según el ministro, lo que ocurre en Perú es "una asonada atizada por profesionales".
Ahora se verá cuánta posibilidad cierta tiene el gobierno de hacer valer decisiones como estas, que además al implicar sacar a los militares a las calles, puede tener secuelas impredecibles.
En Abancay, por ejemplo, donde se supone que el estado de excepción rige, las marchas continúan.
Las cosas parecen estar muy fuera de control: en las regiones de Piura y Amazonas, la concesionaria vial alertó que hay cortes en cuatro puntos de las carreteras a su cargo. En la ciudad de Huancavelica, 400 kilómetros al sureste de Lima, incendiaron las dependencias de la Dirección Regional de Transportes. Y en el Cusco, 500 kilómetros al este de la capital peruana, donde ya se habían apoderado del aeropuerto, se tomaron la planta de gas natural de Camisea, uno de los yacimientos más grandes de Sudamérica que produce 45 millones de metros cúbicos diariamente. Y así suma y sigue.
Este martes, a Castillo la justicia peruana le negó una apelación y ratificó que deberá seguir detenido al menos hasta el mediodía del miércoles, cuando vence la orden de detención preventiva.
"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo en su primera declaración desde su destitución y detención hace una semana.
"Hoy día vamos a utilizar perdigones de goma debido al nivel de violencia", declaró temprano el jefe policial de la región de Lima, general Víctor Zanabria Angulo, mientras sus efectivos copaban la céntrica Plaza San Martín.
La amenaza o advertencia, como quiera leerse, tiene que ver con que conforme pasan los días, el centro histórico de la capital va siendo ocupado por manifestantes, cuyo punto de concentración es esa plaza, donde cabildean sin liderazgos reconocidos y desde la cual se desplazan a diferentes puntos a protestar.
Anteayer, el gran monumento ecuestre instalado en el centro de aquella, que homenajea al libertador argentino José de San Martín, fue vandalizado con rayados por sus cuatro costados: "Dina asesina, Congreso asesino", "Castillo libertad", "Asamblea Popular Constituyente" y "Cierren el Congreso", se leía. El martes por la mañana, toda la base de la estatua había sido cubierta con tela que impedía leer las consignas.