Desde su anuncio, el Tren Maya suscitó serios cuestionamientos por grupos ambientalistas y organizaciones sociales por los impactos ecológicos y sociales que está obra ocasionaría. Sin una planeación previa, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, colocó el Tren Maya como punta de lanza del desarrollo económico de la región sur del país.
A pesar de ello, con base en una consulta ciudadana -criticada por la falta de certidumbre legal- el proyecto del tren Maya fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024. De acuerdo con el gobierno federal, los beneficios económicos y sociales en los estados donde se construye el paso del tren -Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan y Quintana Roo- detonará el desarrollo socio-económico y el turismo sostenible en la región Sur-Sureste de México.
Esta visión de desarrollo regional no es nueva en nuestro país. Desde la década de los noventa, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se planteó el “Proyecto Mundo Maya”, como un modelo de desarrollo del sureste a partir del desarrollo turístico e interconexión de la región Maya que incluía a Belice y Guatemala. En 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo se presentó el “Programa de Desarrollo Económico” para el Istmo de Tehuantepec con la idea de crear una alternativa al Canal de Panamá. Con Vicente Fox, el proyecto para esta región del país fue el Plan Puebla- Panamá, en el que se incluía a los países de Centroamérica, a fin de crear un megaproyecto de infraestructuras carretera, ferroviaria, puerros y aeropuertos, así como un corredor de energía, un corredor biológico mesoamericano y corredor turístico.
Los gobiernos subsiguientes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también presentaron su propia versión de desarrollo de esta región, con el Proyecto Mesoamérica y las Zonas Económicas Especiales, respectivamente. En el fondo estos proyectos han pretendido detonar la actividad económica a partir de los recursos naturales que existen en la región, ya sea con fines turísticos o explotación de las materias primas.
El Tren Maya no es la excepción. Por ello, no es extraño que un grupo de figuras públicas iniciaran una campaña que denuncia las consecuencias irreversibles que provoca el cambio de ruta en el tramo 5 del tren Maya. De acuerdo con grupos ambientalistas, el cambio de ruta de este tramo pone en serio riesgo la biodiversidad, los recursos hídricos y forestales, así como los ecosistemas de una zona vital para el equilibrio ecológico de la región.
Como es costumbre, la denuncia pública sirvió de pretexto para que el presidente López Obrador asumiera esta como una afrenta a su proyecto político. Además de tildar de conservadores y adversarios de su gobierno, el jefe del ejecutivo federal asumió la defensa del proyecto a partir de los beneficios económicos en la región de sur del país.
Es claro que en la narrativa oficial la premisa es que el desarrollo económico prevalece sobre el derecho humano de las personas a tener un medio ambiente sano y que las obras realizadas por el Estado estén fundamentadas en una visión de sustentabilidad. No obstante, el peligro de continuar con las obras en este tramo traerá consecuencias irreversibles derivadas de la construcción y operación del Tren Maya. El gobierno actual será recordado por generaciones no por la obra emblemática sino por la catástrofe ambiental que va a provocar.