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Jueza en retiro Martha Magaña denunciará ante la CIDH presunta persecución por fallo relacionado con la Reforma Judicial
Nación
La jueza federal en retiro Martha Eugenia Magaña López fue convocada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para comparecer el próximo 8 de octubre, en un procedimiento derivado de la suspensión provisional que otorgó en 2024 contra el avance legislativo de la Reforma Judicial. La exjuzgadora aseguró que enfrenta una situación de hostigamiento por sus resoluciones y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia está programada para las 10:00 horas del jueves y forma parte de un expediente administrativo iniciado tras una denuncia relacionada con la actuación judicial que desempeñó cuando se encontraba al frente del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos.
El origen del caso se remonta a agosto de 2024, cuando Magaña López concedió una medida cautelar que impedía continuar con la discusión y votación de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, así como su eventual envío al Ejecutivo para su promulgación. La determinación fue emitida en respuesta a recursos de amparo que cuestionaban la constitucionalidad de disposiciones vinculadas con el proceso legislativo.
Posteriormente, el asunto fue llevado ante el Tribunal de Disciplina Judicial mediante una denuncia administrativa. Aunque en una primera revisión el procedimiento fue desestimado por insuficiencia de elementos probatorios, un recurso de reclamación promovido por el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Silano, abrió la puerta para reactivar el caso y citar a la exjuzgadora.
Magaña López ha sostenido que las acciones emprendidas en su contra derivan directamente de la resolución que emitió sobre la Reforma Judicial. Según su postura, la situación la obligó a abandonar México, motivo por el cual decidió acudir a instancias internacionales para denunciar una presunta persecución vinculada con el ejercicio de su función jurisdiccional.
La intervención solicitada ante la CIDH busca que el organismo analice las condiciones en las que se desarrolla el procedimiento administrativo y las posibles afectaciones a sus derechos, en medio de una de las controversias más relevantes surgidas a raíz de la Reforma Judicial en México.
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JM/CR
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