Proteger a quienes enseñan: una deuda con el magisterio

Columnas miércoles 07 de octubre de 2026 -

Una maestra debería llegar a su escuela pensando en lo que enseñará, con la certeza de que podrá regresar a casa a salvo. Un profesor debería poder orientar, evaluar y establecer límites con respaldo institucional. Garantizar esas condiciones es una responsabilidad del Estado y una exigencia para México.

La violencia contra las y los docentes afecta mucho más que una relación laboral, porque cuando una amenaza entra a la escuela, compromete la tranquilidad de las familias, altera el aprendizaje y deteriora la confianza de toda la comunidad. Proteger al magisterio significa también cuidar las condiciones en las que se educan niñas, niños y adolescentes.

Los hechos recientes muestran la gravedad de esta responsabilidad. En marzo de 2026, dos profesoras fueron asesinadas en un plantel de Michoacán; el pasado 1 de octubre, una subdirectora perdió la vida en un ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila. Tres educadoras asesinadas en dos episodios que exigen justicia y medidas para prevenir nuevas tragedias. Estos casos, por sí solos, no constituyen un recuento nacional.

La dimensión del problema también aparece en los registros de otras formas de violencia. Durante la discusión de una reforma en la Ciudad de México se informó que, entre 2015 y 2025, se reportaron 1,184 casos de violencia contra personal docente, según datos atribuidos a la Autoridad Educativa Federal en la capital. La cifra comprende distintas modalidades de violencia y corresponde únicamente a esa entidad.

Educación con Rumbo divulgó, además, que cuatro de cada diez docentes habían sufrido violencia en sus planteles. Como antecedente histórico, el artículo académico Maestros bajo fuego, publicado en 2022, refiere al menos 52 docentes asesinados durante 2017 y advierte la falta de un registro oficial consolidado. Ese recuento tampoco se limita a ataques dentro de escuelas.

En este contexto, merece atención prioritaria la iniciativa presentada en el Senado, el 2 de septiembre de 2026, por el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La propuesta busca incorporar al Código Penal Federal el delito de violencia en el entorno escolar y reformar la Ley General de Educación para establecer protocolos nacionales de prevención, detección, atención y canalización.

Su estudio, análisis, si se requiere perfeccionamiento, y aprobación deben responder a la urgencia de proteger a las comunidades educativas. Esta iniciativa sería la respuesta legal y jurídica que a nivel nacional precise responsabilidades, establezca mecanismos de actuación y evite que una persona amenazada tenga que recorrer distintas oficinas sin encontrar ayuda.

El país ya cuenta con avances. Al menos nueve congresos locales han aprobado disposiciones con distintos alcances para fortalecer la protección docente: Morelos, Chihuahua, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Guerrero y Yucatán. Se trata de leyes específicas y reformas educativas o penales, por lo que sus contenidos y efectos son diferentes.

En el Estado de México, el Diputado Rigoberto Vargas Cervantes ha impulsado una iniciativa para garantizar la integridad y seguridad del personal docente mediante reformas a diversos ordenamientos locales. Su planteamiento incluye defensa legal, protocolos de actuación y medidas frente a extorsiones, lesiones y acusaciones deliberadamente falsas, además de responsabilidades por omisiones de las autoridades.

Y otra que ya fue aprobada el 9 de abril de 2026 que promueve la atención de la salud mental, el apoyo psicosocial y los protocolos de prevención y atención de la violencia contra docentes.

Esto es muestra que la protección docente puede reunir voluntades políticas, por ello el que la iniciativa del senador Cepeda Salas, sea aprobada lo más antes posible será la oportunidad de que senadores y diputados, que una y otra vez se manifiestan por la revalorización de las y los maestros, demuestren su compromiso no solo con el magisterio nacional sino con todas y todos los que integran las comunidades educativas (autoridades educativas, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, alumnos, padres y madres de familia, cuidadores).

Las iniciativas que han sido presentadas, expresan una demanda que necesita resultados concretos: enseñar con seguridad, ejercer la profesión con dignidad y contar con instituciones que respondan. Aprobar las propuestas pendientes y aplicar efectivamente las disposiciones existentes debe convertirse en un compromiso público.

México pide a sus maestras y maestros formar generaciones y contribuir a la paz. Esa tarea exige que el Estado proteja su integridad y sus derechos. Reconocer al magisterio exige protegerlo con leyes que se cumplan, autoridades que respondan y condiciones para enseñar sin miedo.

La seguridad de las maestras y los maestros es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. México no puede seguir postergando su responsabilidad con quienes educan a sus nuevas generaciones.

Dra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MUxED)