Dos caminos frente a la narcopolítica

Columnas martes 06 de octubre de 2026 -

El combate a la narcopolítica se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en la relación entre México y Estados Unidos. Ambos gobiernos coinciden en que la penetración del crimen organizado en las instituciones representa un problema que debe enfrentarse; sin embargo, difieren en el diagnóstico, en los instrumentos que consideran legítimos y, sobre todo, en la profundidad que debe alcanzar la acción contra los actores políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Esta diferencia se refleja con claridad en los discursos de ambos gobiernos. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo, reiteró que México es un país soberano y que no acepta injerencias extranjeras. Por otro, Donald Trump utilizó la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas para afirmar que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles” y sostener que el Estado mexicano debe recuperar el control de su territorio.

Más allá de esta confrontación discursiva, existen dos estrategias distintas para enfrentar un mismo fenómeno. El gobierno mexicano ha privilegiado las investigaciones y operaciones dirigidas principalmente al ámbito municipal. Uno de los ejemplos más visibles es el Operativo Enjambre, mediante el cual han sido detenidos mas de una docena de presidentes municipales.

El caso reciente de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resulta ilustrativo. El 23 de septiembre fue detenido el entonces presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, junto con otra persona, en cumplimiento de órdenes de aprehensión relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La Fiscalía de Oaxaca señaló, además, su probable vinculación con “Los Cromos”, célula identificada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

En contraste, Estados Unidos ha llevado esta lógica a un terreno distinto. Washington ha recurrido a herramientas diplomáticas, financieras y judiciales para señalar a actores mexicanos de mayor peso político. Uno de los ejemplos más relevantes es el caso de Rubén Rocha Moya. En abril, la Fiscalía General de la República confirmó haber recibido, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos. La propia FGR señaló entonces que debía determinar si existían datos de prueba suficientes para sustentar las acusaciones formuladas desde Estados Unidos.

A este escenario se suma lo ocurrido recientemente en Baja California. El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades a las que relaciona con estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre las personas señaladas se encuentra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Las autoridades estadounidenses sostienen que habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del cártel y protegerlo frente a la acción gubernamental.

El asunto adquirió todavía mayor relevancia porque una de las empresas sancionadas, Vida Orgánica Tijuana, tuvo entre sus socios fundadores a la propia gobernadora. Marina del Pilar ha sostenido que cedió su participación desde 2023, aunque el cambio societario fue inscrito formalmente en septiembre de 2026. A este antecedente se suman la revocación de su visa estadounidense y la difusión de grabaciones de conversaciones con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades de Estados Unidos.

Es precisamente en este punto donde aparece una de las principales dificultades de la estrategia del gobierno mexicano: investigar a un presidente municipal no produce las mismas consecuencias políticas que proceder contra un gobernador. Una acción judicial contra quien encabeza un estado puede provocar una crisis política local e incluso profundizar una crisis de seguridad, como la que atraviesa Sinaloa; además, puede modificar los equilibrios al interior del partido gobernante, generar tensiones en la relación entre los gobiernos estatal y federal y, sobre todo, afectar el discurso de honestidad con el que Morena ha construido una parte importante de su identidad política.

Ante este escenario, una de las estrategias podría ser actuar contra los gobernadores señalados una vez que concluyan su mandato. Desde el punto de vista político, emprender acciones contra un exgobernador resulta menos costoso que hacerlo contra un gobernador en funciones. Sin embargo, una estrategia de esta naturaleza también tendría consecuencias: podría generar la percepción de que el ejercicio del cargo funciona, al menos temporalmente, como una forma de protección política frente a posibles investigaciones o acciones legales.

Por ello, el verdadero desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum no consiste únicamente en demostrar que puede detener a presidentes municipales o desarticular redes criminales en el ámbito local. La prueba más importante será demostrar que el criterio aplicado es el mismo independientemente de la jerarquía del funcionario, de su partido político o de su cercanía con el gobierno.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC