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Bartz v. Anthropic: derechos de autor en la era de la IA
Columnas
Una de las principales preguntas en la discusión sobre inteligencia artificial y derechos de autor es si las empresas pueden utilizar obras protegidas para entrenar sus modelos.
El caso Bartz v. Anthropic muestra que el problema es más complejo.
Entre 2021 y 2022, Anthropic descargó millones de libros de bibliotecas digitales no autorizadas. En 2024 siguió una ruta distinta: empezó a comprar libros físicos para digitalizarlos. Documentos judiciales revelados en enero de 2026 identificaron esa operación como Project Panama.
En junio de 2025, el juez federal William Alsup analizó por separado las distintas formas en que esos libros habían sido obtenidos y utilizados.
Por una parte, consideró que las copias empleadas para entrenar determinados modelos de lenguaje constituían fair use bajo la legislación estadounidense, al tratarse de un uso altamente transformativo.
También consideró fair use, en las circunstancias del caso, la digitalización de ejemplares físicos adquiridos legalmente para sustituirlos por copias digitales dentro de la biblioteca de Anthropic, destruyendo después los originales.
La respuesta fue diferente respecto de las copias obtenidas de bibliotecas piratas y conservadas en el repositorio digital de Anthropic. El juez concluyó que su incorporación a una biblioteca permanente no estaba justificada por fair use, aunque no dictó entonces una sentencia definitiva de responsabilidad sobre esas copias.
Ahí está una de las principales enseñanzas del caso: en inteligencia artificial, no todo el proceso puede analizarse como una sola conducta.
La forma en que se obtienen los datos, las copias que se realizan, su almacenamiento, su uso para entrenamiento y los resultados que posteriormente genera un modelo pueden plantear preguntas jurídicas diferentes.
El litigio terminó por la vía de un acuerdo. En julio de 2026, una jueza federal otorgó aprobación definitiva a un acuerdo colectivo por 1,500 millones de dólares que comprendió 482,460 obras. No fue una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de Anthropic, pero sí evidencia que la procedencia de los datos puede convertirse en un riesgo jurídico y financiero considerable.
Para México, la decisión no puede trasladarse automáticamente. Nuestro sistema de derechos de autor es distinto al modelo estadounidense de fair use.
Pero las preguntas sí son relevantes: ¿de dónde provienen los datos?, ¿con qué autorización fueron obtenidos?, ¿qué copias se conservan?, ¿para qué se utilizan?, ¿quién responde por ese uso?
Estas ya no son únicamente preguntas de propiedad intelectual. Son también preguntas de gobernanza de inteligencia artificial.
México todavía no cuenta con una ley general integral de IA. Una futura regulación no tendría que reemplazar las normas especializadas existentes, pero sí podría establecer obligaciones comunes de trazabilidad, documentación, supervisión humana y responsabilidad.
Cuando los libros se convierten en datos, los derechos no desaparecen. Lo importante es poder conocer y justificar qué ocurrió con esos datos en cada etapa.
Ahí comienza una gobernanza de inteligencia artificial capaz de pasar del discurso al cumplimiento.
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/CR
