La Formalización del Trabajo en Plataformas Digitales en México: Un Desafío en Marcha

Columnas lunes 14 de julio de 2025 -

El recuente marco legal que regula las plataformas digitales en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024, busca formalizar la relación laboral entre las empresas de plataformas y las personas que prestan servicios a través de ellas, reconociéndoles derechos laborales y de seguridad social. Sin embargo, la implementación de esta ambiciosa reforma presenta un complejo entramado de tiempos y procedimientos que, sin duda, generará un seguimiento minucioso por parte de la opinión pública, especialmente en torno a la respuesta de grandes actores del mercado como Didi.

La reforma define claramente qué se entiende por plataformas digitales y sus trabajadores. Una plataforma digital es el conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignan tareas, obras o servicios a trabajadores en favor de terceros. Las personas trabajadoras de plataformas digitales son aquellas que prestan servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral a través de una plataforma digital, y que requieren presencia física para la prestación del servicio. Una consideración importante es que los usuarios o consumidores no serán considerados empleadores.

Entre los derechos más significativos reconocidos a estos trabajadores se encuentran la libertad de asociación, la autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Además, se establecen reglas claras para la participación en el reparto de utilidades, siempre y cuando el tiempo efectivamente laborado sea superior a 288 horas anuales. Este cálculo se basa en un factor de 0.75 de actividad efectivamente laborada por cada hora, considerando 45 minutos de trabajo y 15 minutos de espera.

Las empresas de plataformas digitales ahora tienen obligaciones especiales que abarcan desde la protección contra la discriminación y violencia laboral hasta aspectos operativos clave. Deben observar una perspectiva de género que proteja a las personas trabajadoras de actos de discriminación, violencia laboral, violencia sexual, acoso u hostigamiento, y que permita conciliar el trabajo con la vida personal y familiar. También se les prohíbe el cobro por inscripción o uso de la plataforma, la retención de dinero adicional a lo establecido por la ley, el trabajo de menores de edad, y la simulación del vínculo laboral con contratos civiles o mercantiles. Una disposición crucial es la prohibición de transferir a trabajadores de un esquema laboral tradicional a uno de plataformas digitales con el fin de desvirtuar derechos o reducir cargas fiscales y de seguridad social.

Un punto central de la reforma, y que concierne directamente la segunda parte de su pregunta sobre Didi, es la obligación de afiliar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de realizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Las plataformas, en su carácter de patrón, deberán inscribir a las personas trabajadoras en el IMSS y enterar el pago de cuotas obrero patronales, además de realizar las aportaciones correspondientes a INFONAVIT.

Respecto a la interrogante de por qué empresas como Didi no han comenzado a afiliar a sus repartidores y conductores al IMSS, las fuentes proporcionan una línea de tiempo clara para la implementación, ya que el decreto fue publicado el 24 de diciembre de 2024. Sin embargo, su entrada en vigor está programada para 180 días después de su publicación. Esto significa que las obligaciones plenas iniciaron el 01 de julio del 2025.

Además, el proceso de formalización de la seguridad social es gradual. Los Consejos Técnicos del IMSS y del INFONAVIT tienen un plazo de cinco días siguientes a la entrada en vigor del decreto para publicar las reglas de carácter general que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento a través de una prueba piloto de participación obligatoria. Posteriormente, el IMSS dispondrá de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de esas reglas generales, para preparar iniciativas más detalladas que definirán los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones, basándose en los resultados de la prueba piloto.

Por lo tanto, la ausencia de afiliación masiva hasta la fecha no necesariamente indica una "falta de cumplimiento" por parte de las empresas, sino que se alinea con la temporalidad y las fases de implementación establecidas por la propia ley y sus reglamentos transitorios. La ley prevé un periodo para que las instituciones de seguridad social y las empresas se adapten a las nuevas disposiciones, implementando primero programas piloto y luego afinando los detalles de la afiliación masiva.

Las plataformas también deberán fijar el salario por tarea, servicio u obra realizada, incluyendo el proporcional de día de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Se prohíbe expresamente que las propinas formen parte del salario base de cotización para efectos de seguridad social. Los contratos, que podrán ser digitales, deberán ser autorizados y registrados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Estos contratos deberán incluir información detallada como el sistema de contabilidad de ingresos y tiempo laborado, equipo e insumos provistos, porcentaje de pago, y mecanismos de contacto y supervisión.

La ley también aborda la transparencia algorítmica, exigiendo que las reglas para la asignación de tareas sean claras y conocidas por los trabajadores. Las empresas deberán elaborar una política de gestión algorítmica que informe sobre los elementos utilizados por los algoritmos para la toma de decisiones que puedan afectar la relación laboral, incluyendo consecuencias por cumplimiento/incumplimiento, impacto de calificaciones de terceros, incentivos/penalizaciones, y categorías de asignación. Esta política formará parte del contrato y deberá ser comunicada claramente a los trabajadores.

En caso de incumplimiento por parte del patrón, las sanciones pueden ser significativas, variando desde multas de 2,000 hasta 25,000 veces la Unidad de Medida y Actualización por no registrar el modelo de contrato, o por no emitir o informar sobre cambios en la política de gestión algorítmica. Violaciones a las obligaciones especiales (como la afiliación a IMSS y el registro de horas) pueden acarrear multas de 250 a 5,000 veces la UMA, y no establecer mecanismos de revisión de decisiones que afecten el acceso a la plataforma, multas de 500 a 25,000 UMA.

En resumen, la reforma laboral mexicana para plataformas digitales es un avance significativo hacia la formalización de un sector en constante crecimiento. La clave para entender la situación actual de afiliación al IMSS reside en el carácter escalonado de la entrada en vigor del decreto y la subsecuente emisión de reglas operativas por parte de las instituciones de seguridad social. Será crucial observar cómo las plataformas se adaptan a estas nuevas exigencias en los próximos meses y si el marco legal logra su objetivo de brindar certidumbre y derechos plenos a miles de trabajadores en México.