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La dignidad no se negocia
Columnas
Hoy escribo estas líneas no solo como diputada federal, sino como mujer, madre y abuela. Hablo desde la experiencia de quien ha visto de cerca el dolor que provoca la violencia y desde la convicción profunda de que nacer mujer no debe significar aprender a sobrevivir.
Todos los días, en mi labor como representante popular, escucho historias que estremecen. Relatos de infancias robadas, de silencios impuestos, de mujeres que cargaron durante años con una culpa que nunca les perteneció. Historias que revelan una verdad dolorosa: el abuso sexual no es un hecho aislado ni una estadística fría; es una herida abierta que atraviesa hogares enteros y lastima el tejido social de nuestro país.
El abuso sexual no es solamente un delito tipificado en el Código Penal. Es una agresión directa a la dignidad humana. Es la ruptura de la confianza más básica. Es una violencia que no solo hiere el cuerpo, sino que quiebra la inocencia y deja cicatrices invisibles que acompañan a las víctimas durante toda su vida.
Durante décadas, muchas mujeres, niñas y niños no denunciaron. No lo hicieron por vergüenza, por miedo o porque el sistema no les creyó. Esa desconfianza institucional es una deuda histórica del Estado mexicano. Y reconocerlo es el primer paso para transformarlo.
Por ello, el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género fortalece nuestra legislación para proteger bienes jurídicos fundamentales: la libertad, la autodeterminación sexual y la dignidad humana. No se trata únicamente de endurecer sanciones; se trata de enviar un mensaje claro y contundente: en México no habrá tolerancia para quien atente contra la libertad sexual de otra persona.
Este esfuerzo legislativo se alinea con el Plan Integral Contra el Abuso Sexual presentado el 6 de noviembre de 2025 por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Dicho plan busca fortalecer la respuesta institucional en la atención, acompañamiento y procuración de justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. No es una acción aislada; es parte de una política de Estado que entiende que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como un asunto secundario.
Vengo de un barrio golpeado por la violencia y el abandono. Desde ahí aprendí que el silencio frente al abuso nunca es opción y que la justicia que llega tarde no es justicia. Por eso sé que esta reforma no puede quedarse en el papel. Debe traducirse en ministerios públicos que escuchen, en peritajes con perspectiva de género, en procesos judiciales que no revictimicen y en sentencias que envíen un mensaje inequívoco contra la impunidad.
La erradicación del abuso sexual no es un tema de partidos ni de colores. Es un asunto de conciencia. Hoy debemos colocarnos, sin titubeos, del lado de quienes fueron vulneradas. Decirles con claridad: no están solas. El Estado les cree, les protege y les respalda.
Que nunca más una niña crezca pensando que el silencio es su única defensa. Que nunca más una mujer cargue sola con el peso de una agresión que no provocó. Que cada voto a favor de esta reforma sea una afirmación rotunda de que su dignidad importa y su palabra vale.
Como lo ha señalado la presidenta, es tiempo de mujeres sin violencia. Es tiempo de que el llamado segundo piso de la transformación tenga un rostro violeta, uno que coloque en el centro la vida y la integridad de las mujeres y las niñas.
Mi voto será a favor del dictamen porque creo en un país donde ninguna víctima quede en el abandono y ningún agresor encuentre refugio en la impunidad. Un país que protege a sus mujeres y a sus niñas es un país que protege su futuro. Y ese futuro, estoy convencida, comienza hoy.
María Rosete
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/CR
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