La frontera del agua

Columnas miércoles 26 de noviembre de 2025 -

La disputa por el agua ha deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos, mientras algunos han acumulado fortunas al administrarla, procesarla y distribuirla. Durante décadas, políticos y empresas han tratado este recurso como mercancía, multiplicando ganancias en bebidas, productos y servicios.

Resulta contradictorio que en algunas escuelas primarias existan bebederos higiénicos y gratuitos, mientras que en universidades y centros deportivos el acceso dependa del pago. En gimnasios, oficinas, restaurantes e incluso hospitales, beber agua implica comprarla. Con la cercanía del Mundial de fútbol, vuelve la duda: ¿cuánto costará el agua, en un evento donde se anticipa que no habrá acceso gratuito?

Ante este panorama, cobra relevancia el informe del Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, quien confronta la visión mercantil del líquido. El modelo neoliberal convirtió el agua en un bien que solo fluye para quien puede pagarlo, y entregó servicios públicos al interés privado, más atento a las utilidades, que al bienestar colectivo.

Más aún, las consecuencias son visibles en zonas urbanas donde los cortes se han normalizado y las tarifas han aumentado sin justificación técnica. El mercado, por sí mismo, no ha resuelto las desigualdades, por el contrario, las profundizó. En comunidades marginadas se paga más por agua de menor calidad, mientras industrias reciben concesiones amplias con escasa supervisión, por ejemplo, las que se dedican a procesar bebidas carbonatadas o cervezas.

El relator de la ONU propone un orden claro, primero la vida humana, luego las funciones sociales y finalmente las actividades productivas. En México ocurrió lo contrario durante décadas, desplazando el interés público a favor del económico. Reconocer el agua como bien común implica replantear el dominio sobre los ecosistemas, las concesiones y la gestión de cuencas, y justamente esta es la esencia de la reforma al marco legal que hoy se analiza en el Congreso de la Unión.

Las comunidades indígenas y rurales, afectadas por diversos megaproyectos, de manera particular de minería y agroindustria, están en el centro del debate parlamentario; el despojo hídrico y la falta de consulta previa han vulnerado el derecho colectivo, ocasionando, incluso el desplazo de miles de familias de sus territorios originales, por ejemplo, en Chiapas.

La reforma al marco legal, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, propone fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua potable y el saneamiento. Este modelo, ya exitoso en varias regiones del mundo, combina eficiencia con equidad.

Los principios de “quien deteriora restaura” y “no deterioro” deben guiar la política hídrica. Las inversiones públicas tienen que evaluar impactos sociales y ambientales. Asimismo, las tarifas crecientes por nivel de consumo permitirían que el uso básico sea accesible mientras los grandes consumidores asumen costos proporcionales a sus productos, y, a la atención de las comunidades donde se benefician.

La planificación del líquido exige transparencia y participación ciudadana; de esta forma las decisiones de hoy determinarán quién tendrá acceso en los próximos años. Nuestro país enfrenta ya ríos contaminados, cuencas agotadas y pozos clandestinos, prueba del fracaso de la visión neoliberal. Incluso, hemos escuchado la reciente “acuñación” del vocablo “huachicol del agua”.

Sin duda alguna, este líquido es un patrimonio común, elegir entre mercado o vida parece, ahora, un dilema impostergable. Si el agua es el origen de toda existencia, ¿por qué permitir que su control siga en manos de modelos ajenos a la responsabilidad social?

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

——o0o——