La madrugada del pasado 16 de septiembre, la vida de la doctora Nicole Stark Carrillo, residente de anestesiología de 27 años, terminó en la Clínica 46 del IMSS en Guadalajara. Su caso expone negligencias médicas, condiciones laborales inhumanas y un entorno social atravesado por la inseguridad que gobierna Jalisco.
La autopsia preliminar reportó asfixia por causa indeterminada, sin embargo, testimonios de compañeros y familiares apuntan a un acto de omisión: tras colapsar en plena guardia, Nicole fue enviada a “descansar” en una camilla, sin valoración clínica inmediata. En un hospital, esa omisión resulta inadmisible.
La carpeta de investigación ministerial (47649/2025) busca deslindar responsabilidades profesionales y jurídicas. Al frente de la clínica estaba Wilberto Gutiérrez Astorga, mientras que la delegación del IMSS en Jalisco operaba bajo el nombre de Karla Guadalupe López López. Ambos nombres ya se encuentran bajo la lupa de las autoridades federales.
Lo ocurrido no sorprende. Diversos informes internos advierten sobre la explotación laboral al interior de las diversas unidades del IMSS, que dirige Zoe Robledo; residentes con turnos que rebasan las 36 horas, falta de cumplimiento a los protocolos internos y una cultura de indiferencia hacia su propia salud. Nicole no fue solo un asunto laboral; en ese momento también fungía como paciente, y le negaron sus derechos en ambos planos.
La queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) plantea un caso paradigmático de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. En este contexto, la llamada “Ley Abraham”, que busca regular jornadas y garantizar supervisión, no debe seguir en pausa en el Congreso local y federal. Con este caso, se cobra la vida de una empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pero la tragedia también revela otra herida. Por si fuera poco, el clima de violencia que se vive sistemáticamente en Jalisco, que dirige Pablo Lemus Navarro. Médicos residentes narran cómo, tras guardias interminables, deben salir a calles dominadas por balaceras, extorsiones y levantones. La inseguridad sistemática impacta directamente en su salud mental y en su vulnerabilidad cotidiana de todos y cada uno de los jaliscienses.
Pero, el gobernador Lemus Navarro ha prometido, sin éxito, “recuperar la paz”, pero la entidad sigue entre las más violentas del país. La incapacidad para contener al crimen organizado agrava la precariedad hospitalaria y coloca al personal de salud en una doble indefensión: dentro de instituciones que no los protegen y en una ciudad donde la violencia marca cada trayecto.
La memoria de la doctora Nicole interpela tanto al IMSS como al gobierno de Jalisco. La Federación debe reformar las condiciones de todos sus empleados, incluidos los residentes. El estado, bajo Pablo Lemus, debe responder por la inseguridad, que se ha vuelto norma en la entidad. Todo lo demás son condolencias vacías.
Punto Cero
Septiembre quedó atrás pero nos deja el recuerdo colectivo de que las tragedias están presentes de manera permanente, por ello, es importante mitigar los efectos de una emergencia, tal y como lo recomienda la consultoría "Eikos".
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017