Uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum es la definición del papel y los alcances que tendrá la Guardia Nacional (GN) durante el próximo sexenio. Por ello es importante analizar la iniciativa aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 22 de agosto pasado, sobre la reforma que modifica doce artículos (13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129) de la Carta Magna relacionados con GN. Destaco algunos aspectos que son torales en la reforma:
Primero, la GN será la institución responsable de la seguridad pública en el país, estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con ello su personal, presupuesto, capacidad operativa y de despliegue.
Segundo, únicamente estará integrada por personal militar, pues los integrantes de la extinta Policía Federal (PF) pasarán a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras que el Comandante de la GN será nombrado por la persona titular de la presidencia a propuesta de SEDENA.
Tercero, de acuerdo con las modificaciones propuestas al artículo 21 de la Constitución, la GN tendrá capacidades de investigación de los delitos bajo el mando del Ministerio Público. Esta atribución actualmente está asignada de manera general a las policías (incluyendo preventivas) y de forma específica a las policías de investigación.
Dicha modificación es un reto debido a la especialización que deberán alcanzar las diferentes direcciones generales de GN para realizar de forma correcta esta labor técnico-jurídica.
Cuarto, conforme a lo señalado en el artículo 89, fracción VI, incluirá la posibilidad de que el Ejecutivo disponga del personal de la GN para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, con la finalidad de preservar la seguridad nacional.
Quinto, la SSPC prácticamente queda fuera del ámbito operativo, pues sería únicamente la encargada de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los programas y políticas respectivas. Como ha pasado en los últimos sexenios, se trata de un documento que, si bien plantea las líneas generales de acción que se seguirán, en la práctica, difícilmente se materializan y menos aún se alcanzan los objetivos establecidos, en todo caso es un compendio de buenas intenciones.
Es prácticamente un hecho que, de acuerdo con la distribución de curules en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados favorables para MORENA, estas reformas se aprueben en el primer año del gobierno entrante. Difícilmente los partidos de oposición tendrán la fuerza para hacer cambios de fondo.
Ahora bien, es necesario señalar que desde el surgimiento de la GN, la SEDENA ha tenido un alto nivel de influencia en las decisiones que marcaron el rumbo de la institución y de su control operativo, de manera que esta iniciativa lo que busca es precisamente “legalizar” tal situación ¿Entonces cuál será el papel de la SSPC? Existen rumores cada vez más fuertes sobre la posible conformación de una policía civil diseñada y bajo el mando de Omar García Harfuch, próximo titular de la institución.
El secretario de seguridad entrante es consciente, por su formación y experiencia laboral, que uno de los vértices que le permitió realizar un trabajo considerado positivo en la Ciudad de México fue precisamente la capacidad de manejar a la policía más grande del país, con 80 mil elementos de proximidad, casi 7 mil de reacción y cerca de mil de investigación. Sin operatividad en campo no existe ni remotamente la posibilidad de hacer frente a la delincuencia organizada desbordada que existe en el país.
Por lo anterior no suena descabellada la creación de una policía que dependa de la SSPC, integrada por ex policías federales, agentes de investigación y posiblemente (otra vez) militares. Aunque esto puede ser positivo en la medida en que se volvería a contar con una policía de origen civil, significaría la aceptación tácita del error de haber extinto a una corporación como Policía Federal.
También es necesario recordar que, al igual que GN, las instituciones nacientes no se construyen de un día para otro, por lo que puede tomar una década o más consolidar su funcionamiento, y no están exentas de decisiones políticas disparatadas.
* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Twitter: @jgt_00