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Menos pobres, peor salud pública
Columnas
En los últimos años, la pobreza en México ha disminuido, así como la calidad de los servicios de salud pública. Esto es una realidad reconocida, directa o indirectamente, por gobierno y oposición.
Las personas especialistas en materia de pobreza consideran que han sido dos los factores para reducir la pobreza en México: aumento del salario mínimo, que beneficia a las personas que tienen un empleo que cotice en el IMSS, que es la mitad de la gente; y segundo, las transferencias directas a la población; ya sean adultos mayores, niñas y niños en la escuela o jóvenes construyendo su futuro. La gran interrogante para los próximos años será si estos dos rubros serán suficientes para reducir la pobreza, o si una vez alcanzado el tope, todos pagaremos con peores servicios de salud, educación, seguridad pública, etc.
Si nos preguntamos cuánto se puede aumentar el salario mínimo, podemos responder en dos vías. Una puede ser en la medida que se produzca más, se venda más y en consecuencia el valor que la persona aporta a la empresa se vea reflejada en su salario. Esto es el aumento por productividad. Otra es que el gobierno aumento el salario por decreto; sin que se evalúe productividad, sino solamente como una retribución de justicia social. En ese escenario, las empresas que tienen margen operativo ajustan los salarios y despiden trabajadores para llegar al mismo punto de equilibrio. En otras palabras, si los ingresos de las empresas no mejoran, pero sí aumentan sus gastos; como todos en nuestras familias, o ajustamos, o pedimos prestado o reducimos algún gasto.
Ahora, respecto a las transferencias directas a la población, el haber eliminado condicionantes para entregarlos (rendimiento escolar, obligar a enviar a las hijas a la escuela, etc.) pudo haber reducido la carga administrativa de su operación; pero ha explotado por varios frentes los robos descarados que se han cometido en su gestión.
Por ejemplo, sigue siendo inexplicable que se asignen transferencias para adultos mayores a más de un millón de personas que no existen, que fallecieron, o que simplemente nadie sabe quiénes son ni dónde viven. Tampoco es justificable que el gobierno pague menos al personal de salud que inicia sus prácticas profesionales que a los jóvenes que construyen su futuro, que “trabajan” en empresas fantasma, ni que haya evaluación alguna de los beneficios sociales de esa inversión multimillonaria.
Por todo ello, es válido preguntarse quién se ha quedado con el dinero de las transferencias sociales cuyos beneficiarios no existen o han fallecido; porque ese dinero perdido lo pagamos todos hoy con servicios de salud cada vez más precarios, un transporte público cada vez más lento y una inseguridad rampante.
Podemos tener más dinero en la bolsa, pero gastamos más en medicinas. Lo que el gobierno da por un lado, por otro lado lo cobra. El dinero, la riqueza, no se crea por decreto.
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/CR
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