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Columnas
Entre las propuestas de reforma constitucional que ha enlistado la virtual presidenta Claudia Sheimbaum, destaca una que propone eliminar la elección consecutiva legislativa, incorporada a la Carta Magna en 2014. Tiene razón.
Como ya lo he expresado en estas mismas páginas, esa reforma no cumplió con los altos estándares con los que fue concebida, pues dejó en manos de las maquinarias partidistas la posibilidad de la legisladora o el legislador de aspirar a la reelección.
En su sesión del 22 de enero de 2014, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conoció el cómputo de votos aprobatorios de 18 legislaturas locales respecto del Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales en materia política-electoral. En consecuencia, hizo la declaratoria correspondiente de constitucionalidad y la turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
En esa sesión, según el diario de los debates, cuando menos dos legisladores se dolieron de las reglas entonces aprobadas en materia de reelección legislativa.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, entonces de Movimiento Ciudadano, expresó: “…Y por esa razón, hoy que se hace la declaratoria de reforma constitucional ratificamos nuestra posición política en contra… es una reforma para la partidocracia, es una reforma para el inmovilismo político y no es una reforma política para los ciudadanos. Es una reelección partidista a través del beneplácito de las cúpulas partidistas y no una reelección que premia el compromiso ciudadano de los representantes, su profesionalismo o su mandato con los electores. Es simplemente un mecanismo de control de las cúpulas del poder.”
El senador Manuel Camacho Solís, del PRD, señaló: “Se establece una reelección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos… es una reforma política que no termina por convencer… hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral, y con toda razón.”
La academia se manifestó casi de la misma manera; en especial el entonces Director de Jurídicas de la UNAM, el Dr. Pedro Salazar en un libro de 2018.
No solo eso. Desde 2014, el Congreso de la Unión ha sido omiso en emitir norma reglamentaria y ha tenido que ser el INE quien expida lineamientos para hacer directamente aplicable la constitución en esta materia. Lo hizo en 2021 para Diputaciones federales y lo hizo en 2024 para Diputaciones y Senado.
Aunque siempre seré partidario de fortalecer las funciones fundamentales del Congreso, hoy hago votos por un reajuste constitucional, para que en lugar de atender las aspiraciones de control de las élites partidistas, la norma suprema garantice efectivamente los derechos políticos de las y los ciudadanos relativos a la rendición de cuentas y a ratificar o no a sus representantes en atención a su desempeño y gestión. Si no hay voluntad para ello, mejor eliminemos la norma, como lo propone Sheimbaum.
@ElConsultor2
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