En un entorno internacional tan impredecible y con una deuda interna creciente como nunca, el Gobierno de México ya no pude aplicar políticas públicas o desarrollar obras, sin que exista racionalidad económica, pero sobre todo, un claro beneficio social para el mayor número de personas.
En las últimas semanas, el tren transístmico fue noticia internacional por el descarrilamiento y muerte de catorce personas. La imputación al maquinista de la tragedia por posible exceso de velocidad, parece ser más la construcción de un culpable en solitario, que un urgente llamado de atención para revisar a detalle todos los posibles errores e identificar a los responsables en la construcción y operación de esta obra multimillonaria. Tenemos las instituciones y el marco legal para hacer una investigación pormenorizada para evitar futuras tragedias. A veces, lo que más falta es la voluntad política para usarlas.
En contraste, en donde sí se ha visto un cambio sustantivo y positivo para todo el país, es en el fortalecimiento de las facultades recaudadoras del gobierno. El SAT y el IMSS han desarrollada capacidades fiscalizadoras como nunca, con el apoyo de modelos predictivos potencializados con inteligencia artificial. El cumplimiento de la normatividad en materia fiscal y de seguridad social para los contribuyentes representa un reto constante, particularmente para los pequeños empresarios y personas físicas. No es gratuita la caída en el registro patronal del IMSS.
Esta contracción de patrones inscritos en el IMSS es un termómetro del estancamiento económico que vivimos (el magro crecimiento de 0.7% del 2025 es un ejemplo de ello), o la consecuencia de incentivar la economía informal. Indudablemente, es ideal tener miles de nuevos empleos cada mes con todas las prestaciones de ley, con posibilidades de desarrollo y mejores ingresos; pero el costo y la complejidad en su cumplimiento incentivan lo contrario. Ojo, no se defiende la precariedad del salario, pero tampoco podemos voltear la vista al encarecimiento de empleos formales, si los costos de producción deben incluir pagar extorsiones y robos todos los meses del año.
Por lo anterior, es indispensable que la ciudadanía en todos los frentes (unidades económicas, organizaciones gremiales, centros educativos, etc.) participemos activamente para tener un país con más y mejores servicios públicos. Necesitamos hospitales con medicamentos y personal, policías que nos cuiden, fiscalías que persigan delincuentes y prisiones que no sean escuelas del crimen.
No podemos aspirar a mejores servicios si los gobernantes ejercen los presupuestos públicos en la opacidad y no tienen consecuencias legales ni políticas por sus trapacerías. No se puede apostar sólo a girar más las tuercas a los empleadores formales y dejar que florezcan actividades ilegales o criminales.
Si ya el gobierno ha demostrado que puede ser vanguardia internacional en al cobro de impuestos, también lo puede ser en la prestación de servicios públicos de calidad. No se puede apretar por un lado y despilfarrar por otro, que los platos rotos, los pagamos todos.