La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para crear una defensoría de las audiencias que podría imponer sanciones económicas a medios de comunicación que incumplan con códigos de ética o recomendaciones derivadas de quejas ciudadanas. La propuesta, abierta a consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto, ha generado debate por sus similitudes con mecanismos aplicados en países como Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
El planteamiento contempla que cada medio publique su código de ética y cuente con un defensor de las audiencias encargado de recibir quejas, emitir recomendaciones y, en caso de incumplimiento, derivar el caso a una comisión reguladora que impondría multas. Sheinbaum aseguró que el objetivo es promover la autorregulación y proteger los derechos de las audiencias.
La iniciativa recuerda a la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador de 2013, impulsada por Rafael Correa, que establecía obligaciones similares y fue criticada por organismos internacionales como la CIDH y relatores de la ONU por restringir la libertad de expresión. Esa figura fue derogada en 2019 tras múltiples impugnaciones.
En América Latina, gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua también han implementado medidas de control contra medios críticos, incluyendo clausuras, sanciones y hostigamiento a periodistas, según reportes de Human Rights Watch y la CIDH.
La propuesta mexicana será analizada en el marco de la consulta pública y podría convertirse en un nuevo capítulo de regulación mediática en el país, con implicaciones directas para el ejercicio de la libertad de prensa.