Claudia Bolaños
En América Latina, el 61% de las víctimas de trata son niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con UNICEF, lo que evidencia el impacto desproporcionado de este delito en la población menor de edad. La Ley General en materia de trata de personas establece que este delito implica acciones u omisiones intencionales como reclutar, seducir, transportar o retener a una persona con fines de explotación.
Las niñas y adolescentes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, especialmente frente a la explotación sexual, que es la forma más detectada por las autoridades y una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global. Esta modalidad ocupa un lugar central en la trata de menores, donde la mayoría de las víctimas son mujeres. Una investigación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advierte que la desaparición de niñas en México es una crisis en crecimiento: actualmente, el 31% de las mujeres desaparecidas son niñas y adolescentes; en 2010 representaban el 20% y hoy alcanzan el 39%. Además, desde 2015 desaparecen más niñas que niños, lo que refleja una tendencia sostenida y preocupante.
El Informe Mundial sobre Trata de Personas de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el número de víctimas detectadas aumentó 25%, impulsado por el crecimiento de la explotación infantil y el trabajo forzoso. En 2022, el 60% de las niñas identificadas como víctimas de trata lo fueron con fines de explotación sexual, mientras que UNICEF confirma que las menores de edad constituyen la mayoría de las víctimas en este tipo de delitos. La edad promedio de las víctimas oscila entre los 13 y los 15 años, lo que refleja la alta vulnerabilidad de este grupo.
Diversas organizaciones han alertado sobre un incremento en los casos de trata, particularmente desde la pandemia de COVID-19. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha documentado un aumento constante en las denuncias relacionadas con este delito.
Los factores de riesgo incluyen pobreza, migración, violencia doméstica y falta de redes de protección. Aunque algunos casos implican secuestros, la mayoría ocurre mediante engaños, como falsas relaciones afectivas, promesas de empleo o de mejores condiciones de vida. Estas estrategias aprovechan contextos de vulnerabilidad social y emocional.
El contexto de violencia en el país, especialmente el vinculado a la delincuencia organizada, agrava estas condiciones y expone aún más a niñas y adolescentes, particularmente a aquellas que se ven obligadas a desplazarse o migrar.
El quinto informe sobre trata de personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano advierte nuevas dinámicas del fenómeno, como la convergencia entre trata y tráfico de migrantes, el uso de redes sociales y tecnologías digitales para el reclutamiento, así como la expansión de redes criminales transnacionales.
En cuanto a desapariciones, datos de Red Lupa indican que al 5 de marzo de 2026 había 131,859 personas desaparecidas y no localizadas en el país. De ellas, 28,769 eran mujeres y 102,687 hombres; sin embargo, más del 31% de las mujeres desaparecidas eran menores de edad, lo que refleja una tendencia vinculada a la trata, la violencia y la impunidad.