La USICAMM vulnera los derechos del magisterio

Columnas miércoles 05 de agosto de 2026 -

En los últimos años, el sistema educativo mexicano ha transitado hacia procesos cada vez más digitalizados. La pandemia aceleró una transformación que parecía inevitable: clases virtuales, trámites electrónicos y, ahora, evaluaciones en línea para procesos tan trascendentes como la Promoción Horizontal de las maestras y los maestros.

Sin embargo, la reciente difusión por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de fotografías y capturas de pantalla de docentes que presuntamente incurrieron en conductas indebidas durante la aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes del proceso de Promoción Horizontal 2026, ha abierto un debate que rebasa lo administrativo.

Lo que está en juego no es solamente la integridad de un examen, sino también la vigencia de derechos fundamentales y la confianza en las instituciones educativas.

La primera vertiente del problema es profundamente jurídica y ética. La publicación de imágenes, nombres, rostros o elementos que permitan identificar a personas señaladas por una presunta irregularidad puede entrar en tensión con el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la presunción de inocencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 6º el derecho a la protección de los datos personales, mientras que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que toda autoridad debe tratar los datos bajo principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Difundir evidencia obtenida durante un procedimiento administrativo sin una resolución firme podría considerarse una medida desproporcionada, especialmente si las personas involucradas no han tenido oportunidad de defenderse.

Más aún, el principio de presunción de inocencia, aunque tradicionalmente asociado al ámbito penal, constituye un estándar aplicable a cualquier actuación estatal que pueda generar un estigma público. Señalar a alguien ante la opinión pública como tramposo antes de que exista una determinación definitiva equivale, en los hechos, a imponer una sanción social anticipada.

El daño reputacional puede ser irreversible. Un docente cuya imagen circula en redes institucionales queda expuesto al juicio de colegas, directivos, padres de familia y comunidades enteras, aun cuando posteriormente se demostrara que no existió conducta indebida o que la evidencia fue mal interpretada.

Ahora bien, reconocer estos derechos no significa minimizar la necesidad de combatir el fraude en los procesos de promoción. La sociedad tiene derecho a exigir que los ascensos y estímulos se otorguen con base en el mérito y no mediante ventajas indebidas. El problema surge cuando la autoridad parece sustituir el debido proceso por la exhibición pública.

La segunda vertiente del debate apunta hacia el propio diseño de las evaluaciones en línea. Lejos de resolver todos los problemas, este modelo ha evidenciado múltiples limitaciones técnicas, operativas y humanas (la UNAM lo dejó evidenciado)

Los sistemas automatizados de supervisión suelen generar falsos positivos. Un movimiento de la mirada, una persona que pasa detrás de la cámara o una desconexión momentánea pueden ser interpretados como indicios de irregularidad sin que exista realmente una conducta dolosa.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿puede un proceso de evaluación basado en vigilancia digital garantizar simultáneamente integridad, equidad y respeto a los derechos humanos?

Quizá la respuesta no esté en elegir entre vigilancia absoluta o ausencia de controles, sino en construir mecanismos transparentes, confiables equilibrados, y justos,pero también merece instituciones que actúen con legalidad, prudencia y respeto a la dignidad de las personas.

Porque cuando una autoridad educativa exhibe públicamente a quienes aún no han sido declarados responsables, corre el riesgo de enviar un mensaje preocupante: que la sospecha basta para condenar.

Y en un Estado democrático, la confianza en las instituciones no se fortalece mediante acciones como las que realizó la USICAMM, sino todo lo contrario, muestra una vez más las deficiencias y errores de esta institución y por lo cual una y otra vez el magistero ha dicho ¡Fuera la USICAMM!.

La educación necesita evaluaciones creíbles. Pero también necesita autoridades que recuerden que el respeto, la dignidad, los derechos y la ética pública no terminan donde comienza la tecnología.

Dra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MUxED)