Una vez más, el gobierno federal pretende regular el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial entre menores de edad. México se suma a la estrategia ejecutada en otros países, bajo la cuestionable práctica de la consulta pública nacional a fin de elaborar un diagnóstico acertado, pero corre el riesgo de desembocar en una respuesta simplista para un tema tan polémico.
La revolución tecnológica nos alcanzó y está presente en cada uno de nuestros actos sociales, económicos, culturales y políticos. Seducidos por la inmediatez de las redes, organizamos nuestras vidas, tomamos decisiones y emitimos valoraciones.
Las plataformas digitales han sido diseñadas para capturar la atención, prolongar el tiempo de permanencia y convertir la interacción humana en un negocio sustentado en la explotación de datos y emociones.
Durante años, el crecimiento acelerado de las redes sociales ocurrió, prácticamente, sin restricciones para infantes, adolescentes y adultos. El acceso a teléfonos y otros dispositivos inteligentes se volvieron parte de la vida cotidiana de millones de menores. Una nana tecnológica. Sin embargo, comenzaron a acumularse investigaciones sobre sus posibles efectos negativos.
Problemas como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o sexuales y el contacto con desconocidos, hasta afectaciones en la salud mental relacionadas con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, dificultades de concentración e incluso conductas adictivas asociadas con el funcionamiento de los algoritmos, encendieron las alarmas de especialistas y autoridades para revisar las reglas de operación y determinar si son suficientes para proteger a los menores de edad que las usan
Nadie puede negar que existe un problema. Lo preocupante es que, frente a un fenómeno de enorme complejidad, la solución termine reducida a restricciones escolares y límites de edad que, por sí solos, difícilmente modificarán una realidad mucho más profunda.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido en que el objetivo no es prohibir el uso de los teléfonos, sino generar conciencia colectiva sobre los mecanismos de adicción que emplean las redes sociales. Pero, la forma de atender el problema genera suspicacias de orden económico y político.
No hay que perder de vista que los algoritmos responden a intereses económicos muy precisos. Las plataformas no buscan formar ciudadanos informados; buscan usuarios cautivos. Entre más tiempo permanezcan conectados, mayor es la rentabilidad del negocio.
Como advirtió, Jonathan Haidt, uno de los académicos más influyentes en este debate, entregar un teléfono inteligente a un niño equivale a darle un "chupón digital": un objeto que calma momentáneamente, pero que también sustituye procesos fundamentales de socialización, aprendizaje y desarrollo emocional.
Así las cosas, la pregunta, no es si los teléfonos deben entrar o no a las aulas. El reto es si elgobierno tendrá la voluntad política para regular a quienes hicieron de la adicción digital el negocio más rentable del siglo XXI. La experiencia internacional también demuestra que prohibir no equivale a resolver.
@guillegomora