Las ciudades de América Latina enfrentan retos significativos al buscar opciones para modernizar sus sistemas de transporte.
En este contexto, servicios como el ride-hailing y el bike-sharing están modificando las dinámicas urbanas al ofrecer alternativas al uso de vehículos privados y contribuir a la reducción de emisiones derivadas del transporte.
Según la 3ra edición del reporte “SLOCAT Transport, Climate and Sustainability Global Status,” estas emisiones representan el 22 % del total global asociado al uso de combustibles fósiles, explica Alfredo Del Mazo Maza, experto en políticas públicas.
Programas pioneros en ciudades como Curitiba, Bogotá y Ciudad de México ilustran los avances logrados mediante la combinación de infraestructura, tecnología y regulación. En Curitiba, la implementación del sistema BRT (Bus Rapid Transit) se convirtió en un modelo replicado internacionalmente. Bogotá, por su parte, fortaleció su red de ciclismo e introdujo un sistema de bicicletas compartidas con más de 3,300 unidades. En tanto, Ciudad de México opera el programa Ecobici, que cuenta con más de 6,000 bicicletas en circulación.
Datos del ICLEI confirman que estas estrategias han reducido el uso de vehículos privados a menos del 25 % de los viajes en cada una de estas ciudades. Este logro resalta el impacto de políticas públicas que priorizan la movilidad sostenible y ofrecen alternativas eficientes al transporte convencional.
A pesar de estos avances, persisten desafíos en la regulación de servicios como el ride-hailing. Alfredo Del Mazo Maza destaca que la ausencia de normativas claras puede limitar el desarrollo de estas plataformas.
En Bogotá, por ejemplo, los vacíos legales generan incertidumbre para los operadores. En Ciudad de México, aunque se han implementado impuestos y permisos anuales, persisten retos relacionados con la saturación del transporte público y su interacción con minibuses colectivos. Por otro lado, Curitiba ha logrado un marco más eficiente gracias a una legislación nacional que permite una regulación local más efectiva.
La movilidad compartida puede fortalecerse a través de la colaboración entre gobiernos, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Alfredo Del Mazo Maza subraya la importancia de iniciativas como las plataformas de pago integradas, que están siendo desarrolladas en Curitiba para incentivar el uso de alternativas sostenibles. Además, el uso de datos de movilidad, como en el proyecto Hipervisor Urbano de esta ciudad brasileña, permite identificar brechas en la cobertura y optimizar la infraestructura.
Por otra parte, la electrificación del transporte urbano representa una oportunidad para reducir la huella de carbono. Aunque las tasas de adopción de vehículos eléctricos en América Latina siguen siendo bajas, ciudades como Ciudad de México y Curitiba han comenzado a incorporar taxis eléctricos en sus flotas. Este proceso requiere incentivos fiscales y una red de infraestructura de carga accesible para todos los sectores de la población.
Los beneficios de la movilidad compartida trascienden el ámbito ambiental, al fomentar la equidad en el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. Servicios como el bike-sharing y el car-sharing brindan alternativas seguras para quienes no poseen un vehículo propio.
Alfredo Del Mazo Maza señala que un marco regulatorio que promueva la innovación y garantice la seguridad de los usuarios es clave para maximizar estos beneficios. “El éxito de la movilidad compartida radica en su capacidad de adaptarse a las necesidades locales, siempre con un enfoque en sostenibilidad y equidad,” afirma.
La experiencia de ciudades como Curitiba, Bogotá y Ciudad de México demuestra que la movilidad compartida puede integrarse de manera eficaz en los sistemas de transporte urbanos. Las estrategias colaborativas y una regulación eficiente son fundamentales para que otras urbes puedan replicar estos logros y avanzar hacia un modelo de transporte menos dependiente de los combustibles fósiles.