Columnas
El pasado 8 de septiembre en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado se aprobó el Dictamen de reforma judicial por 25 votos a favor y 12 en contra. Hoy inicia la discusión en el Pleno, donde seguramente se aprobará por la mayoría avasalladora.
La reforma rompe esquemas -y no para bien- de la impartición de justicia. Se aparta de los estándares internacionales de independencia e imparcialidad que se exige de las personas juzgadoras.
Uno de los temas que ha pasado desapercibido es la extinción de la Sala Regional Especializada (SRE) del TEPJF. El artículo cuarto transitorio de la reforma da un plazo máximo del 1° de septiembre de 2025 para que desaparezca.
Se pretende eliminar el mecanismo que la Constitución establece como control del modelo de comunicación, tal y como ocurriera con el errático Plan B, donde se corrigió con una reserva.
La intención es clara: ¡eliminarla! La SRE surgió como una necesidad de perfeccionar el Procedimiento Especial Sancionador (PES), creado en 2007-2008 para tutelar el nuevo modelo de comunicación. Poco años después salió la necesidad de ajustarlo.
En 2014 se tomó la decisión de crear una SRE que lo resolviera sin sesiones en las que estuvieran las y los representantes de los partidos y, sobre todo, respetando la bi-instancia que se requiere para mayor garantía de imparcialidad y certeza. Así tenemos el actual modelo en que la SRE resuelve y, cuando se esté inconforme con dicha determinación, se pueda acudir a la Sala Superior.
Al eliminar la Sala se crean una serie de disyuntivas que se heredan a las leyes secundarias o, peor aún, a otra reforma sustancia, como la reforma electoral. Un ejemplo claro es la resolución del PES, que quedará en manos del TEPJF, pero no existe claridad sobre qué Sala(s) estaría a cargo de ello.
Una de las opciones que hay es que las Salas Regionales conozcan -dependiendo del territorio dónde se cometa la infracción-, las quejas. Sin embargo, tiene la debilidad de no ser eficaz para las conductas de radio y televisión, donde está demostrado que hay conductas a nivel nacional -spots en todo el país- dónde no sabríamos que Sala debería conocer.
Por otra parte, está la opción de que sea la Sala Superior que conozca todas las conductas, tanto medios impresos como radio y tv. Ello dejaría sin las dos instancias necesarias, como si fuera un per saltum de cajón.
Lo cierto es que la Sala Especializada es incómoda para quienes pretenden eliminarla. Ha sido la pionera en determinar las infracciones o no de las mañaneras. Hay conductas que escapan del actual modelo de comunicación y que requiere de determinaciones firmes, pese a lo escueto de la legislación.
Hago un voto por “Salvar a la Especializada”.
X: @abgiovas