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¿La regulación del cannabis está muerta?

¿La regulación del cannabis está muerta?

Columnas miércoles 04 de mayo de 2022 -

Prácticamente hace un año, antes de las elecciones intermedias, parecía que las condiciones eran adecuadas para la aprobación de la regulación del cannabis en el Congreso de la Unión. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, sin embargo, no se votó en el Senado por lo que quedó en el congelador. Se perdió la que posiblemente era la coyuntura sexenal más adecuada, con mayoría de MORENA en ambas cámaras y con una relación relativamente funcional entre los grupos parlamentarios.
No obstante, las condiciones han cambiado de manera notoria. Después de las elecciones del 2021, la correlación de fuerzas cambió el Congreso, asimismo el intento fallido de impulsar la reforma energética, tuvo como consecuencia encontronazos entre grupos políticos, por lo que los escenarios para la aprobación de iniciativas polémicas son cada vez más remotos, máxime cuando se presentarán las reformas electoral y de la Guardia Nacional.
En México, la legislación en la materia está muy por detrás de países como Estados Unidos donde 18 estados han regulado el cannabis en diferentes niveles, mientras que otros como Rhode Island, Delaware, Hawái, Maryland, Luisiana y Oklahoma parecieran estar próximos a su aprobación. A nivel federal, el Congreso estadounidense ha dado pasos importantes para sacar al cannabis de los listados de sustancias controladas, sin que eso signifique necesariamente que se regulará automáticamente en todo el país. No es menor señalar que la industria actual en aquel país produce un derroche económico de cerca de 25 mil millones de dólares anuales.
Si bien la aprobación del cannabis no es la panacea para resolver el problema de la delincuencia ni de la violencia en México, sí podría tener consecuencias positivas. Por ejemplo, se atraería un mercado ilegal hacia uno legal. Esto implica la posibilidad de ganar control en la regulación del mercado y los consumidores, y generar ganancias a partir del pago de impuesto, así como crear empleos formales en una industria naciente.
En diversas iniciativas se han considerado incluso beneficios penitenciarios para personas procesadas o sentenciadas que se encuentran recluidas por la portación de esta sustancia, pues aumentaría el gramaje permitido para consumo personal e inmediato. Esto podría descriminalizar a los consumidores y fortalecer el derecho humano al libre desarrollo de la persona.
En contraste, existen limitaciones para la implementación de un modelo permisivo. La más importante probablemente es la debilidad en las instituciones que tendrían que implementar la regulación (como CONADIC), además existiría la necesidad de crear dependencias ad hoc para las cuales serían necesarios procesos de consolidación que pudieran demorar años.
Como consecuencia de lo anterior, existe una posibilidad real de la infiltración de la delincuencia organizada en la industria del cannabis y, por tanto, el riesgo de legalizar parte de sus actividades. Tampoco existen datos actualizados sobre el nivel de consumo ni sobre el mercado, por lo que no existe un diagnóstico claro sobre el desafío. Por otro lado, se ha demostrado que el cannabis es la puerta de entrada a otras sustancias psicoactivas de mayor impacto, por lo que podría aumentar el consumo y los problemas de salud pública.
Evidentemente tanto el esquema prohibicionista como la regulación tienen puntos a favor y en contra, es necesario poner en una balanza cuáles son los posibles beneficios y daños en la coyuntura actual. La tendencia en Norteamérica y los ejemplos en diferentes países del mundo, muestran que es posible mejorar las problemáticas asociadas al cannabis con una buena regulación y ejecución. Sin embargo, dadas las condiciones políticas y legislativas actuales, es altamente improbable que se apruebe en los siguientes años legislativos. Esperemos que esto sea una conclusión equivocada.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00

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