Con todo y los inéditos contenidos y alcances de la gran reforma constitucional de 1996 en materia electoral, el entorno de aquellos meses en los que se fraguaron dichas modificaciones es también una historia política apasionante que hay que repasar en esta coyuntura política, a 86 días del inicio del proceso electoral 2020-2021.
En efecto, aquella reforma fue fundamental para cimentar nuestro sistema electoral actual pues muchos de sus dispositivos permanecen intactos hoy en día, como la autonomía que ganó aquel IFE y la que perdió aquel Tribunal Electoral.
Veamos: A pesar de haber triunfado con el 48.69 por ciento de los votos, el presidente Zedillo sabía de las fallas del entramado jurídico de las elecciones federales. Inclusive aceptó que la contienda no había sido completamente pareja, aunque había discurrido por los cauces legales y sus resultados habían sido legítimos. Sí, aquel proceso electoral había exhibido inequidad en las condiciones de la competencia.
Así consta en un dictamen público de abril de 1995 de los entonces consejeros ciudadanos del IFE (Creel, Granados Chapa, Ortiz Pinchetti, Pozas, Woldenberg, Zertuche) en el que, al analizar los informes de gastos de campaña de los partidos, señalaron como aspecto fundamental de la elección la notable disparidad entre las erogaciones efectuadas por el PRI y los recursos invertidos por el resto de los partidos.
Para atender el malestar, el propio Gobierno Federal propuso un gran acuerdo nacional y diversos foros temáticos y regionales que incorporaran las preocupaciones de todas las expresiones políticas y consideraran también las aportaciones de la academia y la sociedad civil en su conjunto. En este empeño destacó el llamado Seminario del Castillo de Chapultepec y sus “60 Puntos para la Reforma Político-Electoral”, muchos de los cuales se convertirían en norma.
En abril del mismo año, a partir de un consenso entre Gobernación (Moctezuma Barragán), el PRI (María de los Ángeles Moreno), el PRD (Muñoz Ledo) y el PT (Alberto Anaya) se generó un documento denominado Los Acuerdos de Bucareli, de 79 puntos, que se publicó en diarios de circulación nacional. El PAN (Castillo Peraza) primero se sumó a la mesa de Gobernación, pero luego salió un par de veces para no volver, por los temas de Huejotzingo y Yucatán, sabedor de que la mayoría de sus propuestas estaban ya contenidas en los 60 puntos de Chapultepec.
En julio, todas las fuerzas políticas presentaron una iniciativa común de reforma constitucional con la firma del presidente. La propuesta fue aprobada con altas mayorías en ambas cámaras y en las legislaturas estatales, y significó profundas modificaciones a la norma fundamental mexicana, que se promulgaron en agosto de ese año. En tan breve lapso ya había nuevo secretario en Gobernación (Chuayffet) y nuevos dirigentes partidistas: Felipe Calderón en el PAN, Andrés Manuel López Obrador en el PRD y Santiago Oñate en el PRI. Continuaré.