8 de 8 en la Ciudad de México

Columnas lunes 30 de junio de 2025 -

Una vez que concluyó la jornada electoral del 1 de junio en la Ciudad de México, el Instituto Electoral local continuó con el desarrollo del proceso mediante la realización de los cómputos distritales y la revisión del cumplimiento de los requisitos de las personas que obtuvieron la mayor votación, a fin de garantizar que ninguna persona agresora ocupara un cargo en el Poder Judicial.

Esta revisión no fue automática. El Instituto estableció un procedimiento claro para verificar que quienes resultaron con más votos cumplieran ciertos requisitos establecidos en la ley y que no existieran elementos que impidieran legalmente ocupar el cargo. Esta etapa no solo tuvo un carácter técnico, sino también profundamente ético, pues se trataba de asegurar que quienes administrarán justicia cuenten con un perfil íntegro, sin antecedentes que comprometan su función.

Como primer paso, se solicitó a cada persona candidata un formato bajo protesta de decir verdad en el que manifestara que cumplía con los requisitos relacionados con antecedentes por violencia sexual, familiar o política en razón de género, y obligaciones alimentarias. Este formato representó un compromiso directo con la ciudadanía.

De manera paralela, el Instituto revisó registros oficiales, como los padrones de personas deudoras alimentarias o el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, para verificar la información. A su vez se requirió a las autoridades que tienen los registros oficiales, si ninguna de las personas ganadoras había sido sentenciada por alguno de los delitos establecidos en la Constitución, y que impediría que asumiera el cargo.

Esta doble vía de comprobación (manifestación directa y revisión de registros) aseguró un análisis más robusto y objetivo. A través de estos mecanismos se pudo actuar con responsabilidad y compromiso institucional.

El trabajo requirió coordinación entre distintas áreas del Instituto. Desde la Secretaría Ejecutiva hasta las direcciones ejecutivas, el personal del IECM documentó, verificó y organizó toda la información necesaria, lo cual permitió al Consejo General constar con elementos objetivos para decidir.

Este procedimiento responde al compromiso institucional con los principios de legalidad y certeza. Las determinaciones finales del Consejo General se emitieron en sesión pública, lo que permitió informar de manera general a la ciudadanía sobre la validez de la elección y la asignación de cargos.

Gracias a este procedimiento, la asignación de los cargos del Poder Judicial pudo realizarse con base en información verificada y en pleno respeto a la ley. Esto no solo protege la integridad del proceso electoral, sino que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las nuevas formas de elección de personas juzgadoras en la Ciudad de México.

El Instituto Electoral cumplió con su función de organizar la elección. Las personas electas ahora deberán refrendar su compromiso frente a la sociedad a través de sus acciones y sentencias. Y en el órgano electoral nos toca evaluar y empezar a planear la próxima elección.