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Acreditar nuestra identidad

Acreditar nuestra identidad

Columnas miércoles 29 de enero de 2020 - 02:56

Las redes sociales volvieron a encenderse la semana pasada con la petición de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los consejeros del Insituto Nacional Electoral (INE) para que le transfirieran la base de datos biométricos de unos 90 millones de mexicanos contenida en el padrón electoral, a fin de elaborar la Cédula de Identidad Ciudadana que mandata la Ley General de Población, y garantizar así el derecho humano a la identidad consagrado en la Constitución.
El argumento de los consejeros para rechazar la petición fue que están obligados a resguardar la información de los ciudadanos, mientras que algunos usuarios de redes sociales expusieron su preocupación de que los datos sean empleados con fines políticos, manipulación de los beneficiarios de los programas gubernamentales o atacar a opositores.
La solución al diferendo entre el INE y Gobernación para asegurar que no haya un tratamiento indebido de los datos personales radica en aplicar la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que es el organismo autónomo especializado en la materia.
No se trata de descubrir el hilo negro, sino de cumplir con la normatividad y procedimientos para ese tipo de transferencias, así como aprender de la experiencia internacional. Algunos países europeos tuvieron regímenes que usaron los censos de población para exterminar a grupos étnicos o disidentes políticos, y sin embargo tienen documentos de identidad ciudadana con estrictas medidas de seguridad.
La normatividad regula claramente qué tipo de datos personales puede recabar una autoridad según la finalidad; su tratamiento, incluyendo las transferencias a terceros; el consentimiento informado de las personas para que se recaben y traten sus datos; el derecho de acceder a sus datos, exigir que se rectifiquen si son inexactos o erróneos, revocar en cualquier momento el consentimiento y en su caso oponerse a su tratamiento, así como pedir que se cancelen sus datos de los sistemas que los contengan. Son los Derechos ARCO que están en los avisos de privacidad que nadie lee.
Las autoridades (y los particulares) que recaban y tratan datos personales deben tener medidas de seguridad, con responsables y encargados con funciones reguladas, y cualquier uso indebido o vulneración pueden ser denunciados y castigados por el Inai.
La preocupación de los consejeros del INE y buena parte de los ciudadanos es legítima, pero no será con estridencias ni descalificaciones sin sustento como se resolverá una controversia sobre un tema que no es menor por involucrar dos derechos humanos en juego: el de la identidad y la protección de los datos personales. Se requiere un análisis y actuación fundados en la ley y no en suspicacias o posiciones políticas de uno u otro signo.
Entre 2007 y 2012 se destinaron casi 900 millones de pesos para crear una cédula que fracasó. La finalidad de la credencial del INE es poder votar, pero se convirtió en el documento de identidad a falta de uno expedido por el Gobierno federal.
Más de 1.5 millones de personas no tienen un documento de identidad (más de la mitad son niños y adolescentes), según el Registro Nacional de Población. Tal vez ya deba ponerse final a una historia que abarca desde que la Fe de Bautismo de la Iglesia Católica era el documento de identidad reconocido, hasta el Registro Civil creado por Benito Juárez hace más de 160 años, y más recientemente con la CURP y hoy en día la credencial del INE como documento de identidad, aunque fue creado para el solo hecho de votar.

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/CR

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