Por Laura Arana
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Más de 180 mil personas privadas de libertad están en riesgo por las medidas escuetas del gobierno federal para evitar el contagio de coronavirus, pues al interior de los centros penitenciarios hay hacinamiento, insalubridad, carencias de medicinas, personal médico e infraestructura.
Así lo expresó en entrevista para ContraRéplica José Luis Gutiérrez, director de AsiLegal, organización que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, quien destacó que el Protocolo de actuación para la atención de Covid-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), que dio a conocer el gobierno federal, está dirigido a las 17 mil 58 personas que se encuentran privadas de libertad en 17 Ceferesos del país y no a los más de 280 centros penitenciarios que se encuentran en todo el territorio nacional y que albergan a más de 180 mil personas privadas de libertad, entre las que se encuentran 15 mil 934 pertenecientes al fuero federal.
Indicó que es urgente que el gobierno federal atienda y refuerce las medidas, incluso acelere el proceso de libertad condicionada y anticipada, a la que pueden acceder hasta más de 25 mil reclusos.
Dijo que en la ley se promueve la libertad condicionada a la que puedan acceder todos aquellos primodelincuentes, es decir, los que delinquen por primera vez y que hayan cumplido por lo menos el 50 por ciento de la pena; la otra medida es libertad anticipada para aquellos pueden salir libres cuando cumplan el 70 por ciento de su pena, “también se da a personas que no hayan cometido delitos como secuestro, trata de personas y delincuencia organizada”, indicó.
Así como la libertad por política penitenciaria. Ésta aplica a aquellos reclusos que tienen una condición de enfermedad terminal y enfermedad crónico-degenerativa. El problema es que “estas libertades no los otorgan el sistema penitenciario, sino los jueces de ejecución y el problema es que estos fueron enviados a cuarentena”, expuso.
AsíLegal mostró su preocupación “por lo superficial, incipiente y poco detallado que resulta” el programa del gobierno federal para evitar el contagio.
“Resulta gravemente alarmante que en ninguna parte de este documento se mencione cómo se hará frente a las condiciones de internamiento que sin lugar a dudas representan un obstáculo para contener y atender un brote de Covic-19: se ignora totalmente el hacinamiento y sobrepoblación, la falta de agua y las paupérrimas condiciones de higiene, se ignora la falta de medicamentos, personal médico y especializado o de infraestructura que al día de hoy, ni si quiera es la adecuada para ofrecer atención de primer nivel correctamente”, agregó la organización.
“El Protocolo de actuación para la atención de Covid-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social solo es una muestra más del gran desconocimiento que existe por parte de las autoridades de las características de la población privada de libertad; se invisibiliza a las personas que ya viven con patologías crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, cáncer), personas con algún tipo de discapacidad, enfermos terminales, personas con VIH, entre otras”, añadió.