Por Federico Reyes
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer documentos con los que, aseguró, se demuestra que la demarcación ha solicitado realizar visitas de verificación en seis de los 17 inmuebles en proceso de demolición bajo el esquema denominado “Acuerdo de facilidades”, sin que estas inspecciones hayan podido concretarse.
De acuerdo con la edil, tras recibir denuncias vecinales, la alcaldía pidió formalmente acompañamiento para revisar las obras; sin embargo, las visitas no fueron permitidas con el argumento de que dichas intervenciones corresponden exclusivamente al Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, expresó al mostrar la documentación ante medios.
La alcaldesa ofreció este posicionamiento tras el colapso de un inmueble en demolición ocurrido en la zona de San Antonio Abad, donde tres personas perdieron la vida. Durante su mensaje, subrayó la necesidad de mantener el respeto hacia las víctimas y sus familias. “Esto no se politiza, se respeta”, afirmó.
Según lo expuesto, la autorización para intervenir el edificio fue emitida por el gobierno central y no por la alcaldía. Dicho permiso, explicó, contemplaba no solo la ejecución de la demolición, sino también la supervisión del proceso y la garantía de condiciones de seguridad para trabajadores y habitantes de la zona.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, sostuvo.
Durante la conferencia se detalló que estas autorizaciones derivan del llamado “acuerdo de facilidades”, mecanismo surgido a partir de la Comisión para la Reconstrucción tras el sismo de 2017, el cual permite realizar demoliciones bajo condiciones excepcionales. La actualización más reciente del instrumento —publicada en 2025— contempla la posibilidad de llevar a cabo estos trabajos incluso sin cumplir con ciertos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
En ese marco, la alcaldesa indicó que la supervisión y coordinación de las demoliciones corresponde a dependencias del gobierno capitalino.
“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, declaró.
Asimismo, señaló que la alcaldía había detectado previamente riesgos para los vecinos cuando la empresa responsable solicitó permiso para la demolición, por lo que en su momento no se otorgó la autorización correspondiente. Posteriormente, añadió, el gobierno central aprobó la intervención bajo el esquema señalado, pese a las observaciones realizadas.
La funcionaria también explicó que las verificaciones en obra son competencia del Instituto de Verificación Administrativa, organismo encargado de realizar inspecciones. No obstante, aseguró que esta instancia informó que no cuenta con personal suficiente para atender todas las solicitudes, lo que ha generado la acumulación de cientos de peticiones pendientes desde octubre de 2025.
Respecto al único trabajador que sobrevivió al derrumbe, detalló que fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica. Posteriormente se brindó apoyo adicional para asegurar su recuperación y resguardar su integridad.
“Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, expresó.
Finalmente, lamentó que el tema haya sido llevado al ámbito político en lugar de centrarse en la revisión de responsabilidades y mecanismos de seguridad.
“Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, afirmó.
La alcaldesa reiteró su disposición a colaborar con las autoridades capitalinas y consideró necesario revisar los esquemas vigentes para prevenir incidentes similares en el futuro.