Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por el gobierno federal, en una sesión marcada por el contraste de posturas entre las distintas fuerzas políticas.
El dictamen, derivado de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de reducir el gasto público, eliminar privilegios y fortalecer la democracia mediante criterios de austeridad.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de Morena y aliados defendieron que la reforma busca poner fin a gastos excesivos en congresos locales, cabildos y ayuntamientos, así como promover la transparencia en el uso de recursos públicos. El diputado Leonel Godoy Rangel sostuvo que se legisla “para el pueblo” y en contra de privilegios, además de responder a demandas ciudadanas de mayor control en el gasto.
En el mismo sentido, legisladores del PVEM y PT señalaron que el dictamen fortalece la paridad de género, impulsa una democracia más incluyente y establece la austeridad como principio rector en el ejercicio del poder, con el fin de destinar recursos a programas sociales e infraestructura.
En contraste, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el alcance de la reforma. Argumentaron que no atiende problemas de fondo del país ni mejora aspectos sustantivos del sistema electoral. También advirtieron riesgos de centralización, debilitamiento del federalismo y posibles afectaciones a la autonomía de estados y municipios.
Algunas voces de oposición señalaron que la reforma no garantiza ahorros reales ni combate de manera efectiva problemas como la injerencia del crimen organizado en campañas, mientras que otras consideraron que se trata de una modificación de carácter principalmente administrativo.
Pese a las diferencias, el dictamen fue avalado por la mayoría legislativa, consolidando el avance de esta reforma electoral que prioriza la austeridad, la reorganización del gasto público y ajustes en la integración de los gobiernos locales.