Uno de los principios rectores de la 4T, es la austeridad republicana. A veces mal entendida como ahorrar por ahorrar, recortar sueldos, pagar menos al adjudicar contratos. El concepto es mucho más completo, tiene que ver con la eficiencia, eficacia y funcionalidad. Pero, sobre todo, con un sentido de bienestar general, sin causar afectaciones sociales.
Los gobiernos emanados de Morena, han puesto mucho hincapié en cortar gastos superfluos, ostentosos y banales. Como lo hicieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, logrando grandes ahorros que han permitido destinar un presupuesto histórico a protección social. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y ahorrar sin afectar indirectamente a quienes se quiere beneficiar.
Si se trata de comprar algún insumo o equipo y tenemos oferentes que cumplen con lo establecido en la convocatoria, podemos usar alguna de las opciones que nos marca la normatividad de adquisiciones y por lo regular se opta por el que presenta el menor precio.
En el caso de los servicios aplica algo similar y está igualmente normado, pero no debemos permitir que nos limite la barrera del mejor precio, porque brindar un servicio a los gobiernos de los municipios, alcaldías, entidades federativas y la misma Federación, implica necesariamente la participación, vía outsourcing, de empresas especializadas; sin ser esto contrario a la reciente reforma, cuyo espíritu es combatir la subcontratación de personal en actividades vinculadas con el objeto social y la actividad preponderante de las empresas, así como evitar la simulación y la evasión fiscal.
Sin pasar por alto que el outsourcing gubernamental es una herramienta efectiva, gracias a empresas que alcanzan un alto nivel de especialización, se debe considerar que, a su vez, estos proveedores del gobierno están contratando personal y es aquí donde hay que ver mucho más allá de quién ofrece el mejor precio: buscar igualdad de circunstancias, calidad y cantidad en los insumos, cantidad de servicios, equipo técnico y maquinaria, capacitación; pero, sobre todo, establecer parámetros que garanticen que ofertar el mejor precio no sea a costa de los sueldos, prestaciones y condiciones laborales.
Es decir, no basta con solicitar la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, porque eso no nos garantiza que la empresa no dé de baja a sus trabajadores por temporadas para ahorrar y poder ofertar el mejor precio. Aquí Zoé Robledo, titular del IMSS podría reforzar las verificaciones que permiten detectar este tipo de fraudes en perjuicio de las y los trabajadores.
¿De qué les sirve a las y los alcaldes, gobernadores, gobernadoras y gobierno federal, ahorrar, cuando las empresas terminan pagando el sueldo mínimo a su personal, menoscaban sus prestaciones laborales y generan un daño social? ¿Acaso no podrían incluir en la convocatoria, candados para acreditar fehacientemente las prestaciones y condiciones mínimas del personal?
Hay mucho por hacer, quizá sea necesario reformar la ley federal y las leyes locales de adquisiciones y mejorar los contratos marco. Que alguien le avise al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez y a las y los diputados que, por cierto, mejor optaron por basificar al personal de limpieza en la Cámara de Diputados Federal y en el Congreso de la CDMX.
ENTRE GITANOS.
Resulta interesante observar la contratación del servicio de limpieza que se llevó a cabo en el Instituto Politécnico Nacional, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, en el que se pagó alrededor de 8 mil pesos mensuales por elemento, cuando la Cámara de Diputados Federal, paga a cada trabajadora de limpieza 14 mil pesos incluyendo prestaciones. Y, por si fuera poco, la empresa tiene que incluir, aceite para muebles, aromatizante, bolsas para basura, cepillos, ceras, cloro, cubetas, cubrebocas, uniformes, cuñas, desengrasante, despachadores de jabón y papel, detergente, y un largo etcétera. ¿Adivinen cómo le hace la empresa para cubrir todo eso, además de pagar solo el salario mínimo?
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
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