La Corte Penal Internacional (CPI) expresó este viernes su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la institución y varios de sus integrantes, al considerar que estas medidas representan una amenaza para el Estado de derecho y buscan entorpecer el trabajo del principal tribunal encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
En un pronunciamiento oficial, la CPI sostuvo que las acciones adoptadas por Washington pretenden frenar el avance de los procesos judiciales que desarrolla la corte, además de generar presiones sobre jueces, fiscales y colaboradores vinculados a sus investigaciones. El organismo aseguró que la medida constituye un intento de obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El tribunal internacional recordó que su existencia se fundamenta en un tratado multilateral respaldado por 125 Estados miembros, por lo que hizo un llamado a los países que integran la organización para que adopten acciones concretas que garanticen la continuidad de sus operaciones y la independencia de sus funciones.
La CPI también afirmó que ninguna persona debería enfrentar represalias por participar en labores relacionadas con la administración de justicia internacional. En ese sentido, señaló que las sanciones buscan generar un efecto intimidatorio tanto entre el personal de la corte como entre gobiernos, organismos y actores que colaboran con sus investigaciones.
Asimismo, la institución advirtió que las decisiones tomadas por Estados Unidos podrían afectar la capacidad del tribunal para cumplir con su mandato de perseguir y sancionar a los responsables de atrocidades masivas. La corte sostuvo que la comunidad internacional será evaluada por la forma en que responda a lo que considera un ataque contra una entidad creada para proteger a las víctimas de los crímenes más graves.
Las sanciones estadounidenses incluyen a la propia Corte Penal Internacional dentro de su régimen de restricciones y amplían las medidas previamente aplicadas contra 17 funcionarios relacionados con la institución, entre ellos jueces y fiscales.