Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados llevó a cabo la definición de la terna para ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral, en un proceso que será sometido a votación del Pleno y que ha generado cuestionamientos de distintos grupos parlamentarios por presunta falta de transparencia y acuerdos insuficientes entre fuerzas políticas.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó a través de sus redes sociales que recibió de la Junta de Coordinación Política los tres nombres que serán puestos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes en el Instituto Nacional Electoral, y precisó que para su aprobación se requiere el voto a favor de las dos terceras partes de las y los diputados presentes.
Los tres finalistas seleccionados para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral son: Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.
Estos perfiles fueron definidos a partir de las quintetas elaboradas por el Comité Técnico de Evaluación
En este contexto, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través de la diputada Ivonne Ortega Pacheco, señaló que su bancada fue excluida de decisiones clave del proceso y acusó falta de inclusión en la construcción de acuerdos, por lo que anunció su voto en contra.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, mediante el diputado Víctor Samuel Palma, descalificó el procedimiento al señalar que estuvo marcado por opacidad y falta de consensos, además de advertir que se intenta vulnerar la autonomía del órgano electoral, por lo que la bancada priista también votará en contra.
En tanto, el Partido Acción Nacional rechazó el proceso al considerar que carece de transparencia e imparcialidad. Legisladores de esa fuerza política afirmaron que la integración de las quintetas y la selección final presentan irregularidades y posibles sesgos, lo que pone en duda la legitimidad de los futuros consejeros del INE.
En paralelo, el diputado panista Germán Martínez Cázares criticó el procedimiento y lo calificó como un intento de control político del órgano electoral, al advertir que el proceso debilita la autonomía institucional y la confianza en las elecciones, al considerar que los nuevos nombramientos no cuentan con legitimidad de origen.