Desde Waterloo, Bélgica, donde reside desde hace siete años, el ex presidente catalán Carles Puigdemont ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Puigdemont acusa al magistrado de retrasar deliberadamente la resolución de un recurso que presentó para que se le aplique la ley de amnistía, lo que anularía las imputaciones en su contra.
Puigdemont, quien sigue siendo objeto de una orden de búsqueda y captura emitida por los tribunales españoles, protagonizó un episodio reciente en Barcelona. El pasado 8 de agosto, durante un mitin en apoyo al socialista Salvador Illa en el marco del debate de investidura, Puigdemont apareció en la ciudad para hablar ante sus seguidores, pero logró evitar su detención por parte de la policía autonómica catalana, a pesar de que se había implementado un operativo para su aprehensión.
La orden de detención de Puigdemont fue emitida por el juez Llarena, quien se encarga de la mayoría de las acusaciones contra el ex presidente catalán. Llarena ha mostrado resistencia a aplicar la ley de amnistía en uno de los cargos más graves: malversación de caudales públicos, argumentando que hacerlo iría en contra de la normativa europea, especialmente en lo que concierne a la protección de los fondos públicos, un tema de gran sensibilidad en las instituciones comunitarias.
Puigdemont, en su denuncia, acusa al juez de "desatención y retraso injustificado y reiterado" y considera que Llarena ha incurrido en una "infracción disciplinaria" al exceder el plazo legal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver los recursos de reforma. Según Puigdemont, esta demora en la aplicación de la ley es una muestra clara de abuso de autoridad y de un intento de obstaculizar su proceso legal.
El CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces en España, ha sido recientemente renovado tras largas negociaciones entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, aún queda pendiente el nombramiento de su nuevo presidente, lo que añade una capa de incertidumbre al proceso de revisión de la denuncia de Puigdemont.
Foto por AFP