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Ciberseguridad e integridad electoral

Ciberseguridad e integridad electoral

Columnas martes 25 de agosto de 2020 - 00:47


El domingo pasado, el encargado del despacho del Departamento de Seguridad Interna del gobierno federal de los Estados Unidos, Chad Wolf, reveló en entrevista en CNN que se negaría a cumplir una instrucción del presidente Trump de enviar agentes del Departamento a resguardar casillas el día de la elección para evitar fraudes y manipulación, por no ser esa la misión de su dependencia. Al cierre de su respuesta aclaró, al parecer sin relación con la pregunta, que la ciberseguridad del país si es parte de su responsabilidad y que la comunidad de inteligencia norteamericana tiene información de que Rusia, China e Irán están tratando de dañar la certeza informática de la elección presidencial de noviembre y sus resultados.
El intercambio exhibe con meridiana claridad el nivel de importancia que una de las democracias más antiguas, consolidadas e importantes del planeta asigna a sus comicios en la vertiente de ciberseguridad y la íntima relación que reconoce entre la integridad de su proceso electoral y la viabilidad política de la nación.
En efecto, el ciclo electoral contemporáneo es esencialmente cibernético y su resguardo y garantía resultan fundamentales, pero esa modernidad abre, sin embargo, múltiples vulnerabilidades que nos deben hacer reflexionar sobre la seguridad de nuestros procedimientos e instituciones electorales, a la luz de incidentes internacionales recientes sobre manipulaciones y ataques electrónicos a comicios diversos.
En México, el INE, fiel a sus reconocidas tradición y convicción con la modernidad tecnológica, usa mecanismos y herramientas informáticas para la fiscalización de los partidos políticos; para la conformación de mesas directivas de las casillas y publicidad de su ubicación; para informar a los mexicanos y mexicanas en el exterior sobre el proceso electoral, e inclusive para enviarles instrucciones sobre cómo votar y luego recibir y contabilizar sus sufragios.
Y eso es solo parte de lo que mandata la LGIPE, pues existen otras normas como las de Partidos Políticos y de Medios de Impugnación y los Reglamentos de Elecciones, de Sesiones y el Interior del INE, que ordenan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el cumplimiento de atribuciones directamente relacionadas con el ciclo electoral entero y con el proceso electoral federal en particular. Además, el INE en todos sus niveles y órganos, el Tribunal Electoral Federal y los Institutos y Comisiones Electorales Locales crean constantemente nuevos lineamientos y herramientas con soporte en dispositivos y procedimientos cibernéticos, como el juicio en línea o los Programas de Resultados Electorales Preliminares.
Para estos efectos, conviene leer las CONSIDERACIONES DE CIBERSEGURIDAD DEL PROCESO DEMOCRÁTICO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, publicadas el jueves pasado por la OEA, documento en el que estudia algunos aspectos de las medidas de ciberseguridad necesarias para garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas. Lo veremos el jueves.

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/CR

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