Conacyt confunde autonomía con autoritarismo: comunidad estudiantil

“El Conacyt confunde autonomía con autoritarismo. Que el Conacyt pueda imponer un Director General, y que este concentre un poder sin contrapesos, no es autonomía”, dijo la comunidad estudiantil del CIDE.

El pasado lunes 24 de enero, Maria Elena Álvarez-Buylla consumó los cambios al Estatuto General del CIDE sin haber tomado en cuenta al Consejo Académico como lo establece su normativa, pero la crisis en esa institución no es reciente, inició desde agosto, cuando renunció a la dirección Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, y José Antonio Romero Tellaeche fue designado por el Conacyt como director interino, cargo en el que sobresalió por haber destituido a los académicos Catherine Andrews y Alejandro Madrazo Lajous de sus cargos administrativos.

Las acciones de Romero Tellaeche provocaron que el 19 de noviembre, la comunidad del CIDE realizara una protesta afuera del Conacyt, en Insurgentes Sur 1582, y tras más de cuatro horas de protesta, ninguna autoridad del Consejo mostró apertura para recibir un pliego petitorio en el que entre otras cosas, pedían la reposición de la convocatoria para la elección del director.

Aun así, 10 días después, Álvarez-Buylla anunció que designaba a Romero Tellaeche como director del CIDE y la comunidad estudiantil decidió tomar las instalaciones.

La designación de Romero no es el único que problema en la crisis del CIDE, pues Álvarez-Buylla convocó a la Asamblea General de Asociados a una reunión el viernes 14 de enero. Ese día, mientras afuera del Conacyt se manifestaban alumnos y académicos, se dio a conocer que la reunión había sido pospuesta, aunque se realizó el lunes 24.

La Asamblea General de Asociados —conformada por el gobierno federal, representado por el Conacyt, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público; Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México— se reunió y aprobaron las reformas al Estatuto.

Sin embargo, desde el inicio las reuniones de Álvarez-Buylla fueron calificadas de ilegales, porque el Estatuto General del CIDE establece en el artículo 42, fracción V, que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General”, y ese procedimiento no se llevó a cabo.