La LXIII Legislatura del Congreso del Estado ha dado un paso adelante en la protección de los derechos humanos al aprobar una reforma constitucional para garantizar a todas las personas, especialmente a las mujeres, una vida libre de violencia de género. El diputado René Oyarvide Ibarra, impulsor de la iniciativa, destaca la necesidad de fortalecer el principio de igualdad y promover equitativamente oportunidades en todos los ámbitos que dignifiquen a la persona.
La reforma, que se orienta a la prevención de la violencia familiar —un delito de alto impacto según organizaciones civiles—, también ha dado lugar a la modificación de la Ley de Salud Mental del Estado, incorporando la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en los servicios de salud mental.
En un movimiento unánime, se han aprobado también reformas legislativas en materia de deuda pública para ayuntamientos y entidades municipales, y se ha establecido un decreto para fijar valores de suelo y construcción que afectarán el ejercicio fiscal del año 2024.
El Congreso ha tomado medidas adicionales para regular la gestión de estacionamientos y el manejo de residuos de establecimientos alimentarios, promoviendo así la salud pública y la protección del medio ambiente.