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Constructores señalan irregularidades en asignación de Obra pública en BC; nombran a Fernando Salgado Chávez
Nación
Constructores de Ensenada, Rosario y Tijuana denuncian la presunta influencia en los círculos de poder de Baja California, el empresario Fernando Salgado Chávez ha sido identificado como una aduana infranqueable en la toma de decisiones políticas y empresariales en municipios como Tijuana, Rosarito y Ensenada.
Originario de Ensenada, señalan que Salgado ha cultivado una presunta red de relaciones estratégicas que le habrían permitido intervenir, según sus denunciantes, en el desarrollo urbano y la asignación personalizada de obras públicas a lo largo del estado.
Durante el gobierno de Armando Ayala en Ensenada, expusieron que su influencia fue ampliamente comentada por empresarios y desarrolladores, quienes lo señalaron como un actor que condicionaba proyectos a acuerdos extraoficiales.
Uno de los vínculos más relevantes en su red de poder es su relación con el exfiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, con quien dijeron, mantiene una amistad y compadrazgo de más de 15 años.
En el ámbito municipal, empresarios han señalado que Salgado Chávez opera una estructura de control político-administrativo dentro del Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz. Según testimonios obtenidos, funcionarios como Enrique Díaz Pérez (Desarrollo Urbano), Pedro Montejo Peterson (Economía), Juan Diego Mascareño López (IMPLAN), Nelly del Carmen Pabello Vega (Oficialía Mayor) y Fran Ochoa Chávez (Obras e Infraestructura), responderían directamente a instrucciones del empresario, no del alcalde.
Esta red, aseguran diversos desarrolladores, ha obstaculizado múltiples proyectos por no alinearse a acuerdos financieros externos. Como resultado, varios inversionistas han optado por pausar sus iniciativas hasta la conclusión del actual gobierno municipal.
Las revelaciones sobre la mansión en Rancho Santa Fe y la participación de personas cercanas al exfiscal en la empresa de Salgado Chávez han encendido alertas sobre el nivel de penetración de intereses privados en la gestión pública de Baja California, señalaron los constructores.
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JM/CR
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