Claudia Bolaños
Municipios turísticos de Quintana Roo enfrentan una severa crisis de agua potable y saneamiento que ha generado afectaciones sociales, ambientales y económicas, especialmente en zonas como Tulum, Holbox, San Miguelito, Chemuyil y Kantunilkín.
Vecinos y empresarios denunciaron públicamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, alzas injustificadas en las tarifas del servicio y negligencia en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
La situación ha detonado una serie de problemas sanitarios, como infecciones en la piel por agua contaminada, colapso de servicios básicos y afectaciones al turismo, indicó José Hernández, trabajador turístico
En Holbox, señalaron vecinos, las fallas eléctricas frecuentes han impactado directamente en la operación de las plantas de tratamiento de agua, generando cortes prolongados en el servicio.
De igual manera, restauranteros y hoteleros reportan pérdidas económicas, mientras la falta de drenaje y el manejo deficiente de aguas negras ha incrementado la contaminación en esta zona protegida.
Tulum, por su parte, enfrenta una situación alarmante por la carencia de redes de drenaje y el vertido de aguas residuales en cuerpos naturales como cenotes y manglares.
Habitantes denunciaron que las tarifas aumentaron hasta 600% sin explicación técnica, mientras se ignora la inversión en plantas tratadoras y ampliación de tuberías.
En San Miguelito y Kantunilkín también reportan alzas excesivas en los cobros por el servicio de agua, sin que existan mejoras evidentes en la calidad del suministro.
En Kantunilkín, el encarecimiento histórico de las tarifas ha generado inconformidad, ya que los usuarios no perciben beneficios tangibles y señalan opacidad financiera en la gestión de la comisión estatal.
En Chemuyil, los problemas van más allá del costo. Vecinos han denunciado infecciones cutáneas asociadas al uso de agua contaminada. La falta de tratamiento adecuado ha derivado en riesgos sanitarios para la población, principalmente en comunidades vulnerables.
También hay recursos etiquetados para infraestructura hídrica que fueron canalizados a proyectos que no se ejecutaron o cuyas metas fueron reportadas como cumplidas sin evidencia, señalaron a legisladores.
Además, se detectaron contratos opacos y presuntos casos de simulación administrativa.
Ante la escasez y falta de respuesta institucional, prestadores privados han comenzado a ofrecer pipas de agua en destinos turísticos, con modalidades de pago alternativas, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, lo que ilustra la gravedad del vacío institucional.
Habitantes y empresarios demandan a las autoridades estatales y federales una auditoría profunda a CAPA, la aplicación de sanciones y un plan de rescate urgente de la infraestructura hidráulica. La situación actual amenaza tanto la salud pública como la viabilidad del turismo en uno de los principales destinos del país.