Cuando el funeral deja de ser privado

Columnas miércoles 04 de marzo de 2026 -

El funeral de un líder criminal no es un acto doméstico. Tampoco es un trámite administrativo. Es, inevitablemente, un hecho público.

Las imágenes difundidas en días recientes sobre el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes "el Mencho" generaron incomodidad en amplios sectores: un ataúd ostentoso, arreglos florales abundantes, un despliegue de seguridad considerable y un entorno cargado de tensión. Más allá de la estética o del juicio moral, el debate de fondo es otro. La ley mexicana permite la entrega del cuerpo a la familia. Es un derecho dijo Omar García Harfuch.

Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan”. De acuerdo con el secretario, este procedimiento aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo de seguridad también muertos en el operativo.

Y tiene lógica, en un Estado democrático los derechos no se administran según la reputación del fallecido.

Pero cuando se trata de figuras cuya trayectoria estuvo asociada a estructuras de violencia de alto impacto, el sepelio deja de ser exclusivamente un acto privado. Se convierte en un evento con dimensión simbólica, social y política. ¿En qué momento un derecho individual comienza a tener consecuencias colectivas? ¿Dónde termina lo íntimo y comienza lo público?

Aquí surge la primera tensión: ¿puede el Estado limitar un derecho individual cuando su ejercicio tiene efectos sociales amplios? La respuesta no es sencilla. Los derechos humanos existen para evitar arbitrariedades. Pero los Estados también tienen la obligación de preservar el orden público y prevenir la apología del delito. ¿Debe prevalecer siempre la dimensión privada, incluso cuando el contexto es de alta sensibilidad social?

La segunda tensión es cultural.

En México no solo enfrentamos organizaciones criminales; también enfrentamos narrativas que las romantizan. Series, canciones, relatos populares y símbolos que convierten a líderes delictivos en figuras de poder o desafío. En ese contexto, un funeral ostentoso no es neutral. Puede convertirse en un episodio más dentro de la construcción simbólica del crimen. ¿Tiene el Estado alguna responsabilidad frente a esa dimensión simbólica? ¿O su papel debe limitarse estrictamente al cumplimiento formal de la ley?

Otros países han enfrentado dilemas similares. Tras la muerte de Osama bin Laden en 2011, Estados Unidos decidió sepultar el cuerpo en el mar, argumentando la necesidad de evitar un punto físico de referencia. En Perú, después de la muerte de Abimael Guzmán en prisión en 2021, el Congreso aprobó una norma que permitió al Estado disponer de los restos de condenados por terrorismo; el cuerpo fue cremado bajo custodia oficial.

En México, el marco legal vigente privilegia la entrega del cuerpo a la familia. Modificarlo implicaría abrir un debate complejo sobre derechos fundamentales, excepcionalidad jurídica y límites del poder estatal. ¿Estamos dispuestos a discutir protocolos diferenciados para casos de alto impacto? ¿Sería eso una medida razonable o un precedente peligroso?

No se trata de negar la dignidad de los familiares ni de imponer castigos post mortem. Se trata de reconocer que en un país donde la violencia ha dejado miles de víctimas, los símbolos importan.

Las tumbas pueden ser espacios de duelo. Pero también pueden convertirse en referentes de admiración indebida. Y cuando el crimen se instala en el imaginario colectivo como mito, el desafío deja de ser exclusivamente de seguridad para convertirse en un asunto de memoria pública.

Quizá la discusión no deba resolverse desde la indignación ni desde la complacencia. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿qué papel debe jugar el Estado frente a la dimensión pública de estos actos? ¿Basta con cumplir la ley o también corresponde anticipar sus efectos sociales?

Esa es una conversación que admite posturas distintas. Y precisamente por eso vale la pena abrirla .

Ivonne Arriaga García

Es asesora en comunicación política con enfoque en narrativa pública y gubernamental